![Palestinos que están viendo cómo sus viviendas son demolidas por Israel se encaran a soldados israelíes en Sair, al noreste de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, este 5 de agosto. (Hazem BADER | AFP)](/media/asset_publics/resources/000/821/055/article_main_landscape/Palestina-Demolition.jpg)
La información oficial sobre la deportación de ciudadanos palestinos ha permanecido sepultada en los archivos del Estado de Israel durante medio siglo y ha sido revelada en la última semana por una ONG israelí que investigó durante años y finalmente consiguió desclasificar documentos que confirman la existencia de dos campos de detención en el Sinaí.
En medio del desierto, en territorio ocupado a Egipto tras la Guerra de los Seis Días de 1967, bajo condiciones descritas como inhumanas y por tiempo indeterminado. Así fue el cautiverio de más de 300 palestinos que residían en la Franja de Gaza.
Los motivos esgrimidos fueron diversos: para unos, ser familiares de personas ‘sospechosas de terrorismo’; para otros, el simple hecho de ser jóvenes y estar desempleados.
Uno de los campos se encontraba en Abu Zenima, en la costa oriental del golfo de Suez y a unos 300 kilómetros de Gaza. Según una investigación de varios años realizada por la ONG Akevot, se abrió el 5 de enero de 1971.
El otro estaba ubicado en la localidad de Nejel, ubicada en el corazón del Sinaí, por entonces controlado por Israel tras ser capturado a los egipcios junto con la Franja de Gaza.
Al campo de Abu Zenima fueron enviados al menos 140 familiares de militantes o activistas de Al-Fatah –el Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, liderado por Yaser Arafat– considerados responsables o sospechosos de acciones armadas que Israel no había logrado detener.
Testigos recuerdan que fueron muchos los muertos
Según uno de los informes de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja que visitó el campo en febrero de 1971, de los 140 gazatíes que se encontraban allí, 87 eran niños. «Condiciones prácticamente inhumanas», detallaba el informe, que describía a las autoridades militares israelíes como «despiadadas» y especificaba que entre los detenidos había un bebé de 7 meses y una mujer de 80 años.
Salah Abu al Jidian, que hoy cuenta 66 años y es residente de un campo de refugiados en Gaza, fue uno de los enviados por Israel a Abu Zenima. «No había espacio ni comida y teníamos prohibido realizar llamadas telefónicas», relata a la agencia Efe, añadiendo un dato no revelado en los documentos desclasificados: decenas de presos murieron en los campos.
«Arrestaron a toda mi familia», recuerda sobre el día en que soldados israelíes deportaron a sus seres queridos y vecinos del enclave a los campos del Sinaí. «Si no podían detener a uno de nosotros, expulsaban a nuestras familias de sus casas y los arrestaban», relata. Y agrega que en algunos casos también destruían sus casas.
Precisamente, la política de demolición de casas de militantes palestinos es aún hoy uno de los castigos colectivos más polémicos en el contexto de la ocupación israelí de Cisjordania, lo que han condenado en numerosas ocasiones la ONU y otras organizaciones humanitarias.
«Destruimos una casa incluso si el hombre de Fatah es solo un inquilino y el propietario no sabe nada al respecto. Lo que saben en Hebrón, Nablus o Gaza es que si alguien se une a Fatah, eventualmente su casa será arrasada. En este caso, la familia será deportada», explicaba el entonces ministro de Defensa, Moshe Dayán, según transcripciones de reuniones de altos cargos israelíes de la época en las que describió los campos como «el mejor mecanismo disuasorio disponible».
En el campo de Nejel, la historia era otra. Quienes estuvieron detenidos allí fueron jóvenes gazatíes cuyo único crimen era estar desempleados.
Su detención, según explicó ese año a la Knéset (Parlamento) el entonces coordinador de la actividad militar israelí en los territorios ocupados, Shlomo Gazit, se debía a que «hombres jóvenes deambulando libremente por las calles constituyen una invitación abierta para que las organizaciones los recluten».
Los primeros castigos colectivos
Para Lior Yavne, director de la ONG que llevó a cabo la investigación, el objetivo del campo de Nejel era reducir la población palestina de la Franja de Gaza, territorio que en ese momento Israel confiaba en que se convertiría en parte de su territorio.
Con ese fin, explica a Efe, les ofrecían algún tipo de capacitación profesional y la posibilidad de ser liberados si aceptaban mudarse a Cisjordania, con la esperanza de que sus familias se trasladaran con ellos.
Este caso, para Yavne, no es una historia del pasado tragada por el desierto y el polvo de archivos de hace 50 años, sino que resulta «el primer ejemplo del desarrollo e implementación de medidas para presionar a palestinos inocentes con el fin de alcanzar objetivos políticos y de seguridad en el contexto de la ocupación israelí de los territorios».
En ese sentido, pone el foco en un proyecto de ley, aprobado de forma preliminar en 2018 y presentado nuevamente este año ante el Parlamento israelí, en el cual se proponía la deportación de familiares de palestinos que hayan llevado a cabo ataques contra israelíes.
Así, si bien los campos del Sinaí fueron cerrados menos de un año después de abrir y los detenidos devueltos a Gaza, hoy, en 2021, aún están presentes no solo en la memoria de quienes los sufrieron en carne propia sino también, en esencia, en las políticas de castigos colectivos que marcan el día a día de la ocupación.
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