Según asegura ‘El País’, Juan Carlos de Borbón regularizó su situación fiscal después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo español le notificara que estaba siendo investigado por esta cuestión. Si se llegara a confirmar este extremo, el hecho de haber pagado a Hacienda, no le eximiría del delito, ya que esta posibilidad solo se contempla si se lleva a cabo antes de tener conocimiento formal del inicio de diligencias.

De acuerdo con el citado medio, el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, notificó formalmente al rey emérito español huido la apertura de cada una de las tres investigaciones que ha emprendido la Fiscalía sobre su patrimonio. Ese aviso se habría producido en junio, noviembre y diciembre de 2020 a través del abogado del Borbón, Javier Sánchez-Junco.

En cada uno de los avisos, de los que consta acuse de recibo según ‘El País’, se le invitó a personarse en las diligencias, pero no lo hizo.

Sin embargo, sí que tuvieron un efecto, ya que tras recibir las dos primeras notificaciones, se produjo la regularización del 9 de diciembre por 678.393 euros, aunque el letrado aseguró que se había hecho «sin requerimiento previo».

Y la tercera, la de diciembre, también se hizo ante de la segunda regularización, por casi 4,4 millones, que se llevó a cabo en febrero de este año.

Los plazos son determinantes, ya que podrían invalidar la exoneración de un posible delito fiscal. El Código Penal establece en su artículo 305.4 que la regularización neutraliza una acción penal siempre y cuando se abone la deuda tributaria «antes de que por la Administración Tributaria se haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación» o antes de que el ministerio fiscal «interponga querella o denuncia» o «realice actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias» al defraudador.

Las fuentes de ‘El País’ añaden, sin embargo, que las notificaciones eran «muy genéricas» y que no se detallaban en las mismas si se trataba de un presunto delito fiscal. De hecho, el abogado del Borbón no se personó en las diligencias para defender a su cliente, lo que le permite poder alegar desconocimiento del motivo de esa investigación a su cliente.

Un argumento que, en cualquier caso, suena un poco endeble, ya que era de dominio público cuáles eran los motivos por los que la Fiscalía tenía diligencias abiertas en relación al rey emérito español huido.