La decisión está tomada. Los representantes de La Cimade han suspendido sus intervenciones en el Centro de Retención Administrativa (CRA) de Hendaia.

El 21 de setiembre sus equipos salieron de ese centro en vista de la falta de seguridad que sufren las personas encerradas en una instalación cuyo cierre exigen desde tiempo atrás las asociaciones de apoyo a migrantes.

La decisión se ha adoptado al no haberse atendido las demandas de la asociación que presta asistencia a personas en trámite de expulsión y más en particular por la situación que se vive tras el incendio ocurrido en la noche del domingo.

Un incendio desatado, según el informe preliminar del procurador de Baiona, Jerôme Bourrier, de forma voluntaria en una de las habitaciones del centro de retención de Hendaia y que obligó a la hospitalización de una persona y a la evacuación a una dependencia cercana de los otros 23 ciudadanos ingresados en ese momento en un establecimiento que tiene capacidad para acoger a una treintena de personas.

«La investigación sobre lo ocurrido sigue abierta, pero de acuerdo con muchos testimonios recogidos en el centro, se produjo toda una cadena de disfunciones», ha explicado La Cimade mediante una nota de prensa en la que da algunos detalles, particularmente inquietantes, sobre cómo se gestionó el incidente.

«Mientras que el traslado de una persona al hospital se produjo de forma inmediata, las otras 23 personas fueron reunidas, esposadas y encerradas en un mismo recinto, incluidos dos ciudadanos que estaban en aislamiento al sospecharse que podían estar contagiados de covid-19», explica La Cimade.

Hacinados en un área con capacidad para seis personas

A excepción de una persona que fue detenida y de otras cinco que fueron trasladadas horas después a los CRA de Tolosa (Occitania) y Burdeos, el resto de las personas internas en el CRA pasaron la noche, según relata La Cimade, «encerradas en un espacio concebido para acoger a un máximo de seis personas».

Dos internos que habían sido aislados de manera precedente a esos hechos ante la sospecha de que estuvieran contagiadas de covid-19 fueron igualmente encerrados con ese grupo de personas. Ello a la espera de la conclusión de los trabajos de limpieza y reparación de daños causados por el incendio que todavía ayer seguirían en marcha.

«No hay ningún tipo de garantía relativa a la seguridad de la zona afectada por el incendio», estima La Cimade, que remarca que las personas que vivieron esos momentos «están muy afectadas».

La Cimade recuerda que se trata del tercer incidente grave que se ha registrado este verano en ese centro situado a unos pocos metros del puente de Santiago, que une las localidades de Hendaia e Irun.

Revueltas en distintos centros hexagonales

«La situación extrema» que viven las personas encerradas en el centro, muchas de ellas sin perspectivas claras de cuándo se materializará su devolución al país de origen, hizo que se produjeran ya protestas a finales de julio.

A ese episodio, del que da cuenta en su comunicado La Cimade, se suma «la pelea» que tuvo lugar el pasado 10 de setiembre y que provocó cinco heridos, dos policías y tres residentes, según las informaciones hechas públicas por un sindicato policial.

Representantes de la asociación en Hendaia asocian a ese último incidente el intento de suicidio de una persona que, tras ser trasladada a una unidad hospitalaria para pacientes con dolencias siquiátricas, fue devuelta de nuevo al CRA adosado a la Comisaría de Policía de Hendaia.

Junto a una decena de asociaciones, La Cimade suscribió en otoño de 2020 un manifiesto en el que se alertaba de la situación insostenible que se vive en los centros de retención, en los que se encierra a personas en trámite de expulsión y que se ven atrapadas en una maraña administrativa que se ha complicado enormemente a causa de la pandemia.

El Gobierno francés no ha atendido las reiteradas peticiones de cierre de dichos centros que, tras el paréntesis marcado por el confinamiento, han vuelto a llenarse de personas que no saben cuándo se materializará su expulsión, ya que las restricciones sanitarias impuestas por el covid están dejando a muchos de estos ciudadanos sin perspectivas de salida, por el cierre de fronteras en el país de origen.

A ello hay que sumar las decenas de condenas de prisión que han emitido los tribunales, incluido el de Baiona, contra migrantes que se negaban a facilitar su expulsión mediante la realización de un test PCR, requisito de los países de origen para aceptar su devolución.

Tras exigir que «se ponga fin a esta política persecutoria contra ciudadanos extranjeros», La Cimade ha vuelto a exigir el cierre inmediato del CRA de Hendaia, a cuyas instalaciones no accederá hasta que se garantice la seguridad de las personas a las que se encierra en ese centro por el único «delito» de estar en situación administrativa irregular, en muchos casos por la negativa del Gobierno francés a facilitarles permisos de residencia.