La exdirectiva y el exempleado de una empresa de Zizurkil dedicada a reparaciones y montajes eléctricos, que quebró por la «descapitalización» a la que le sometieron tras apropiarse de 657.396 euros, han reconocido este lunes los hechos y han admitido una condena de 1 año y 10 meses, y de 1 año y 3 meses de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía de Gipuzkoa imputaba a la mujer (una de los cuatro fundadoras de la empresa y que trabajaba en labores administrativas hasta que abandonó el cargo en 2014), por un delito societario, otro de falsedad y un tercero de apropiación indebida (estos dos últimos continuados) y reclamaba para ella penas que sumaban ocho años y diez meses de cárcel, además de distintas multas.

No obstante, durante el juicio por estos hechos, celebrado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, ha accedido a rebajar esta petición y a aplicarle la atenuante de reparación del daño causado, tras el reconocimiento de lo sucedido y constatar que había consignado una cantidad para compensar a la empresa afectada.

El Ministerio Público también ha aplicado esta atenuante al exempleado, que se encontraba acusado de sendos delitos de falsedad y apropiación indebida y que ya había ingresado con anterioridad una compensación económica para la compañía quebrada.

Empresa de Software

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los dos procesados utilizaron una segunda empresa de software, sin trabajadores en plantilla ni «actividad alguna», para «confeccionar facturas falsas» por «trabajos inexistentes» que presuntamente fueron cargadas a la compañía perjudicada, en cuyas instalaciones fijaron además el domicilio social de la firma de software «sin el conocimiento ni aprobación» de la sociedad perjudicada.

Igualmente, con el fin de «cuadrar las cuentas» de la empresa damnificada ante la Hacienda de Gipuzkoa, incluyeron distintas cantidades en el «concepto de compras» del «modelo 347» de «gestión de impuestos indirectos», referido a clientes y proveedores, durante los ejercicios correspondientes a 2010, 2012 y 2013.

El documento del Ministerio Público concreta que los inculpados también utilizaron el «descuento bancario» para «enriquecerse a costa» de la empresa, presentado mediante este mecanismo facturas falsas y otras a las que, a pesar de ser reales, se les había aumentado «deliberadamente» el importe nominal.

El texto concreta asimismo que, «en base al acuerdo depredatorio existente entre ambos acusados», el hombre pudo percibir también casi 100.000 euros por orden de la mujer en conceptos «irreales» como nóminas, gastos y dietas. El escrito de la Fiscalía sostiene finalmente que la mujer «utilizó las diversas tarjetas de crédito» de la empresa perjudicada «a su antojo y sin límite alguno, cargando en ellas sus propios gastos personales».