El Tribunal Administrativo de Pau ha decidido este martes desestimar la demanda de cierre temporal del Centro de retención Administrativa (CRA) situado en Hendaia.

Un grupo de abogados que trabaja en favor de las personas migrantes presentó una serie de demandas, ante el tribunal y también ante la Prefectura de Pirineos Atlánticos al entender que las fallas de seguridad y el no respeto de los protocolos sanitarios ponen en peligro a las personas encerradas en el establecimiento, de por sí muy afectadas tras «el fuerte shock» vivido por el incendio ocurrido en el centro.

A resultas de ese incendio, ocurrido en la noche del 19 de setiembre, una persona debió ser hospitalizada y 23 más evacuadas a la zona de celdas de la Comisaria de Policía adyacente a ese establecimiento en el que personas «sin otro delito que no tener los papeles en regla», recuerdam las asociaciones, se ven recluidos durante semanas o meses antes de ejecutarse la expulsión.

Ello cuando el procedimiento se lleva a cabo ya que la crisis sanitaria ha llevado a países de origen como Túnez, Argelia o Marruecos a cerrar fronteras, lo que bloquea las entregas.

Cadena de incidentes

Durante la audiencia celebrada el lunes en Pau los letrados que presentaron la demanda dieron cuenta de la gravedad de la situación en el CRA de Hendaia, donde en los últimos meses se han sucedido los incidentes, que incluyen desde autolesiones a intentos de suicidio, pasando por peleas o fugas.

El incendio del 19 de setiembre fue la gota que colmó el vaso para la asociación La Cimade, la única autorizada para entrar en los CRA, que decidió que sus representantes dejen de acudir a ese centro.

Mikele Dumaz Zamora expuso así ante el tribunal un completo informe sobre las fallas en la seguridad, en el que destacó como paricularmente grave el hecho de que cuando se declaró el fuego, que, según el primer informe de la Fiscalía de Baiona fue provocado, «no sonó la alarma antiincendios».

La letrada de Pau expuso el informe de expertos que constata que «el fuego provocó una situación de contaminación en las superficies y en la atmósfera de los locales que implica riesgos de salud para internos y personal». De ahí la solicitud de vaciar el CRA hasta que no se completen los trabajos de reparación y se acondicione, en general, un edificio en el que «se impone un régimen muy cerrado» a los migrantes, y en el que «la higiene es defiiente».

El informe, de hecho, abogaba por «una descontaminación completa y una purga del sistema de ventilación», recomendando una obra integral.

El capítulo que más sorprendió durante la audiencia judicial  fue, en todo caso, el relativo al fallo del sistema de prevención de incendios.

No solo no sonó la alarma, sino que el dispositivo contra el fuego ni estaba securizado ni se extendía a otras partes de la instalación, como las puertas de salida, según quedó de manifiesto en la vista.

Un motivo de peso para reforzar la petición de clausurar el establecimiento «al menos hasta que se conozca el resultado de la comisión de seguridad».

Cabe recordar que una juez de Pau lanzaba, la semana pasada, por decisión propia, una investigación sobre el grave incidente, objeto también de una investigación ordenada por la Fiscalía de Baiona.