La asociación Salhaketa de apoyo a las personas detenidas, presas, penadas, expresas y sus familias ha apostado por que en la CAV se aproveche la próxima asunción de la competencia penitenciaria para avanzar en la «progresiva eliminación del uso de la prisión, así como en la reducción de las tasas de criminalidad».

Salhaketa ha recordado que con la transferencia, que se hará efectiva este próximo viernes, lo que «en realidad se transfiere es la gestión económica y administrativa de las cárceles, pero no a las personas presas, que es el punto esencial».

Añade que la legislación y reglamentación (Código Penal, Ley Penitenciaria -LOGP- y Reglamento Penitenciario, etcétera) seguirán estando en manos del Estado español, «condicionando de esta manera la aplicación de medidas que afectan al cumplimiento de las condenas como el tercer grado, las libertades condicionales, etcétera».

También ha recordado que, los traslados de las personas presas, hacia dentro y hacia fuera de las cárceles de la CAV, siguen estando en manos del Gobierno español «y seguirá teniendo la última palabra en todos los casos».

Para esta asociación, este modelo «puede llevar a convertir el encarcelamiento de personas en un mero negocio del que cobren o se lucren entidades privadas o particulares. Por lo tanto, más de lo mismo».

«Si el Gobierno Vasco no se plantea un cambio total en el modelo de prevención y lucha contra el delito, en las medidas tanto para responder a las infracciones, como para la reparación y restitución a las personas victimizadas, se reproducirá el mismo patrón», ha añadido en un comunicado.

Salhaketa señala que con el traspaso de la titularidad de la competencia «cambiarán los rótulos, se maquillarán las mazmorras para seguir haciéndose lo mismo de siempre: que muchos vivan del negocio de tener encerradas, desesperadas o abandonadas a las personas presas, a las víctimas del delito y a sus familias».

Debate público

Por todo ello, Salhaketa ha emplazado a asociaciones que trabajan en el ámbito cercano a las cárceles, partidos políticos, sindicatos, instituciones como ayuntamientos, diputaciones y a toda entidad asociativa pública y privada, a «plantear un debate y una apuesta decidida hacia el desarrollo de un modelo de ejecución con orientación social que esté basado en la persona, haciéndose cargo de las personas presas residentes o con arraigo en la CAV».

En la misma línea, ha animado a abrir un debate público sobre qué modelo de policía se quiere en materia de seguridad y de prevención y lucha contra el delito y la criminalidad.