La mayoría absoluta de PNV y PSE ha posibilitado que el Parlamento de Gasteiz haya aprobado este jueves la Ley de Aportaciones con diez años de retraso. La última actualización de 2007 expiró en 2011 y desde entonces se ha venido prorrogando por falta de los acuerdos necesarios. Y precisamente ha sido en la legislatura en la que PNV y PSE dominan todas las grandes instituciones cuando ha sido posible que el Consejo Vasco de Finanzas alcanzara un pacto.

De hecho, visto el transcurso del pleno, parece evidente que han sido los jeltzales quienes han llevado la voz cantante y su socio menor se ha limitado a asentir.

La principal variación de esta Ley sobre la precedente es que el dinero de la recaudación que se destina al Gobierno de Lakua se eleva del 70,04% al 70,81%. El incremento se justifica en las nuevas competencias transferidas a la CAV y en la ampliación del Fondo de Servicios Sociales. El coeficiente horizontal, que es la proporción que cada diputación destina al Ejecutivo se mantiene como hasta ahora. Por otra parte, el límite máximo del Fondo General de Ajuste aumenta desde el 1,00% hasta el 1,45% de los recursos a distribuir entre las instituciones vascas.

La ley se ha aprobado por el procedimiento de lectura única, que impide que se puedan presentar, debatir y votar enmiendas. Es lo estipulado en la LTH y en el Reglamento del Parlamento. Todos los grupos de la oposición han criticado que esta metodología impide el debate entre los partidos. Pero el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha dejado claro que «no se trata de acordar entre sensibilidades diferentes sino de sancionar un acuerdo entre instituciones». Instituciones –Gobierno, diputaciones y Eudel– todas ellas presididas por hombres del PNV.

Críticas de la oposición

Desde el grupo PP-Cs, Luis Gordillo (que ha dejado Ciudadanos para pedir el ingreso en el PP, que lo ha recibido con los brazos abiertos) ha denunciado, entre otras cosas, que las reformas introducidas, como el incremento del 70,04% al 70,84% del coeficiente vertical se ha hecho sin hacer públicos los informes económicos en lo pudieran justificar.

David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, ha destacado que la reforma se ha convertido en una oportunidad perdida para corregir la infrafinanciación de los municipios. Y también ha llamado la atención sobre el hecho de que los informes referidos a este apartado están «obsoletos» por ser de 2015.

La parlamentaria Leire Pinedo ha razonado el voto en contra de EH Bildu afirmando que la ley «a pesar de llegar con diez años de retraso, no soluciona los problemas de fondo y las discrepancias que durante años ha habido entre los distintos niveles institucionales en torno al reparto de los recursos económicos, ni tampoco garantiza una financiación municipal adecuada, suficiente y estable». Ha previsto que «es cuestión de tiempo que vuelvan a aflorar los mismos problemas que hasta ahora, porque a eso no se le da una solución válida».

El PNV ha defendido con vehemencia la ley. Su parlamentaria Itxaso Berrojalbiz la ha calificado como «un hito fundamental y un acuerdo de país para afrontar unidos la recuperación».

Reforma de la Ley de Cooperativas

También por lectura única se ha aprobado una proposición  de modificación de la Ley de Cooperativas firmada por PNV, PSE y PP, que fundamentalmente recoge la posibilidad de incluir las vías telemáticas como habían pedido las propias entidades afectadas. Pero también responde a los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo español que había manifestado discrepancias competenciales con tres artículos de la ley aprobada en 2019 por el Parlamento de Gasteiz.

Todos los grupos de la Cámara han votado a favor de la proposición, salvo EH Bildu que se ha abstenido. Su parlamentaria Leire Pinedo ha explicado que están totalmente de acuerdo con los cambios propuestos por el sector de las cooperativas y que se recogen en la propuesta, pero que, por otro lado, no les resulta admisible conceder al Gobierno español la potestad de injerirse lo acordado por el Parlamento.