El Ejecutivo federal de Estados Unidos ha anunciado este pasado martes el «fin de las redadas en puestos de trabajo» para intentar arrestar a migrantes en situación irregular y que su política se centrará a partir de ahora en «los empleadores que explotan a los trabajadores sin documentos».

«El Departamento de Seguridad Nacional tiene un papel clave a la hora de garantizar que los lugares de trabajo cumplen con nuestras leyes», ha dicho el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas –inmigrante de origen cubano–, quien ha destacado que «no se tolerará a empleadores sin escrúpulos que explotan a trabajadores no autorizados, cometen actividades ilegales o imponen condiciones de trabajo inseguras».

«Los empleadores que participan en actos ilegales serán el foco de nuestros recursos para la aplicación de la ley. Aplicando el foco sobre los empleados sin escrúpulos, protegeremos a los trabajadores y a los negocios estadounidenses legítimos», ha sostenido a través de un comunicado publicado en su página web.

En este sentido, ha resaltado que pondrán fin a las «operaciones masivas en lugares de trabajo» y ha explicado que «bajo la anterior Administración, estas operaciones intensas en recursos derivaron en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores y fueron usadas por empleadores explotadores para suprimir y responder contra las peticiones de los trabajadores a favor de las leyes laborales».

Por otra parte, ha manifestado que desarrollará y actualizará políticas para «mejorar el impacto del Departamento en la aplicación de los estándares laborales» y ha abogado por «mecanismos más amplios y profundos para la coordinación» entre las distintas agencias del Gobierno estadounidense.

Sin embargo, una cosa son los deseos expresados por el Ejecutivo de Joe Biden y otra la realidad del día a día, en el que asociaciones proderechos humanos denuncian que el actual Gobierno se está aprovechando de decretos aprobados por Donald Trump para proseguir con las deportaciones.