El PSOE ha corrido a atender el ofrecimiento del PP de renovar varios órganos estatales y ambas formaciones han alcanzado un acuerdo para hacerlo en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, aunque se ha mantenido la premisa establecida por Pablo Casado y ha quedado fuera de ese pacto la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el secretario General del PP, Teodoro García Egea, ya mantuvieron un primer encuentro en la tarde del miércoles y este jueves ambos han llegado a un acuerdo que permitirá renovar el TC, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

El órgano que lleva más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que Francisco Fernández Marugán (PSOE) ejerce en funciones desde julio de 2017. En el caso del TC, el mandato de un tercio de sus miembros, los cuatro que corresponde elegir al Congreso español, concluyó en noviembre de 2019.

Por su parte, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas terminaron en julio su mandato de nueve años y en el caso de la Agencia de Protección de Datos, desde julio de 2019 está pendiente de renovar la Presidencia de este órgano y su adjunto.

Fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez y del PP han informado de que la renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso como en el Senado españoles.

Además, las mismas fuentes han subrayado que las personas que formarán parte de estos órganos en la nueva etapa «serán de reconocido prestigio y de consenso y se darán a conocer en los próximos días».

El CGPJ queda fuera

De este acuerdo que han cerrado Bolaño y García Egea queda fuera el Consejo General del Poder Judicial , cuyo mandato lleva casi tres años caducado y que ha sido el epicentro de las negociaciones entre Gobierno español y PP estos últimos meses.

En las últimas semanas, PP y PSOE se han culpado mutuamente de ser los responsables de bloquear la renovación del CGPJ. Este órgano ha estado a punto de renovarse un par de veces y la última, esa negociación saltó por los aires después de que Ferraz pusiera sobre la mesa los nombres de los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, algo que, según el PP, va en dirección contraria a la despolitización que se requiere.

Fuentes del PP han insistido en que están dispuestos a negociar también el CGPJ siempre y cuando el Gobierno de Sánchez acepte sus condiciones para avanzar en la despolitización, de forma que se reforme la ley para cambiar el sistema de elección y que «los jueces elijan a los jueces».

Díaz lamenta la «rebeldía» del PP

Tras conocerse el acuerdo alcanzado, la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, lo ha celebrado, aunque ha lamentado que el CGPJ haya quedado fuera por «rebeldía» del PP.

«Es positivo que alcancemos un acuerdo para renovar de manera parcial los órganos de nuestro país, pero lamentar que el órgano por excelencia de gobierno de los jueces por voluntad expresa del PP siga quedando fuera», ha indicado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha calificado el acuerdo de «verdaderamente horrible para España» y ha acusado a Pedro Sánchez y a Pablo Casado de «repartirse los cromos del Estado» en un cuarto oscuro.

Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado que supone «dar oxígeno» al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que con ello, el partido dirigido por Pablo Casado «está más cerca del PSOE que de sus propios votantes».