El Gobierno de Venezuela ha interrumpido, como consecuencia de la extradición a EEUU del diplómatico Álex Saab –acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro–, el diálogo que se desarrollaba con la oposición desde el pasado 13 de agosto y cuya cuarta sesión debía empezar este domingo, 17 de octubre, en la capital mexicana.

El anuncio lo ha hecho el sábado –madrugada de este domingo en Euskal Herria– el presidente de la Asamblea Legislativa y jefe de la delegación oficialista para el diálogo, Jorge Rodríguez, quien culpó a EEUU, Colombia y la oposición de esta situación. «Nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo; en consecuencia no asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana 17 de octubre en Ciudad de México como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Álex Saab», ha dicho Rodríguez.

Saab, detenido el 12 de junio del año pasado en Cabo Verde por solicitud de EEUU en un caso de lavado de dinero, fue designado recientemente miembro del equipo de negociación del Gobierno venezolano.

Rodríguez, en compañía de toda la delegación gubernamental, ha calificado la extradición como una «acción ilegal» que «violenta» el derecho internacional. Además, responsabilizó al Gobierno de Iván Duque, a Estados Unidos y a la oposición «liderada por Juan Guaidó y Leopoldo López» de la «agresión» contra Venezuela.

«Esta acción ilegal e inhumana, lesiva del derecho internacional constituye un nuevo acto de agresión por parte de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, dado que Álex Saab ha sido incorporado por nuestro país como miembro pleno al proceso de diálogo y negociación que se lleva a cabo en México», ha añadido.

Asimismo, ha advertido de que la vida de Saab «corre peligro» en la manos de la justicia estadounidense, a la que ha exigido su puesta en libertad.

Según han revletado fuentes del Gobierno caboverdiano a Efe, el Tribunal Constitucional de ese país, que consideró constitucional la extradición del colombiano el pasado 7 de setiembre, hizo llegar el jueves, 14 de octubre, a la Fiscalía General la orden judicial definitiva para que la extradición se hiciera efectiva.

El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.