El jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, ha reconocido este miércoles a los talibanes sus «esfuerzos para estabilizar la situación político-militar». Pero ha advertido que «grupos terroristas como el ISIS y Al-Qaeda buscan sacar provecho de la inestabilidad» y subraya que «nos inquieta particularmente la región de Asia Central», zona de influencia histórica de Rusia que Moscú teme se vea desbordada «por las actividades terroristas y el tráfico de drogas» desde Afganistán.
Lavrov ha inaugurado así la primera conferencia internacional en Moscú entre los enviados especiales de diez países asiáticos y una delegación talibán.
Además de Rusia, participan en la cumbre India, Irán, Pakistán, China, y las repúblicas centroasiáticas y exsoviéticas de Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán, junto a una delegación talibán formada por doce miembros y encabezada por el viceprimer ministro, Abdul Salam Hanafi, y el ministro de Exteriores, Amir Jan Muttaqi.
Gobierno inclusivo
El ministro de Exteriores ruso, que ha lamentado la ausencia de países occidentales y sobre todo de EEUU –miembro, ha recordado, de la troika ampliada sobre Afganistán formada por Rusia, China y Pakistán–, exige asimismo «la formación de un Gobierno verdaderamente inclusivo que refleje realmente los intereses de todas las fuerzas étnicas y políticas del país».
El Gobierno interino del movimiento fundamentalista despierta suspicacias por no incluir a mujeres y estar compuesto fundamentalmente por religiosos de etnia pastún, la mayoritaria entre los talibanes.
El viceprimer ministro afgano, presente en la cumbre, ha asegurado que «en Afganistán ahora el gobierno incluye a todos. Hay cerca de 500.000 empleados del antiguo gobierno trabajando con nosotros», ha insistido, en respuesta a Lavrov, para pedir ayuda, inversiones y reconocimiento internacional.
No obstante, el enviado de Rusia para Afganistán, Zamir Kaboulov, ha reiterado que «les hemos dicho que no habrá reconocimiento internacional mientras no cumplan sus compromisos en materia de derechos humanos y respecto al carácter inclusivo del Gobierno».