Una mesa redonda en las XI Jornadas sobre Inmigración e Integración en el País Vasco, centrada este año en la acogida de las personas refugiadas en la CAV, ha dejado en evidencia el sistema de asilo en el Estado español en materia de vulneración de derechos humanos en cuestiones de género, clima y del colectivo LGTBI+.

Las invitadas al acto celebrado este jueves en Bilbo, Nessrin El Hachlaf Bensaid, licenciada en Derecho y Periodismo e integrante de la asociación Kifkif; Víctor Merino, profesor agregado de filosofía del Derecho de la Universitat Rovira i Virgili, y la activista internacional por la defensa del territorio Lolita Chávez han destripado este jueves las discutibles prácticas de los servicios de acogida a migrantes y refugiadas y las responsabilidades de los gobiernos español y de Lakua sobre vulneraciones de derechos.

El Hachlaf ha abierto la ronda de intervenciones describiendo lo crudo de las experiencias de migrantes LGTBI+. Para comenzar, ha recordado que las refugiadas disidentes sexuales se ven obligadas a huir de su país de origen «porque tienen un temor real de su integridad física, psíquica y moral».

Ha denunciado el trato que repetidamente se les da a estas personas migrantes cuando solicitan la protección internacional o cuando acuden, por ejemplo, a las oficinas de Extranjería. «Cuando vienes a un país de acogida, la persona que te va a atender va a poner en duda tu trayectoria. Cuál es el motivo por el que has decidido migrar. Si conoces los colores de la bandera LGTBI. Si tienes lo suficientemente dilatado el ano y eres de verdad del colectivo. Si has sido madre por opción o por violación. Si has sido parte de la trata o de la explotación sexual. Si toda esa realidad ha sido elegida o ha sido impuesta para poder sobrevivir», ha relatado.

La abogada ha defendido que las personas que gestionen las solicitudes de protección internacional del colectivo LGTBI+ deben tener una formación específica en el colectivo LGTBI+. «Porque no me sirve que en una oficina de Extranjería traigan a un traductor que no traduce, que no interpreta, o que sea homófobo. O que ponga en tela de juicio lo que estoy contando. Para las instancias de protección internacional la única carga de prueba que van a tener es su historia vital. Si no les damos un asesoramiento de calidad, esas solicitudes, que en Madrid tardan una media de más de 3 años sin resolverse, acabarán de manera denegatoria», ha advertido.

La desatención que sufren las personas refugiadas del colectivo por parte de las instituciones del Estado español queda al descubierto en el relato de El Hachlaf. El 80% de las personas que ha atendido la licenciada en Derecho y Periodismo en setiembre y octubre han visto sus solicitudes de protección denegadas. «Estas personas han demostrado que sus países de origen vulneran de manera fehaciente y reiterada al colectivo LGTBI y, aun así, España ha decidido que no tienen derecho ni a la protección internacional, ni a la protección subsidiaria ni a razones humanitarias. Y les han tenido tres años en un proceso que ha acabado en el limbo jurídico», ha contado.

El género, la eterna asignatura pendiente

«Ha costado mucho que el género se introduzca en la ley de asilo», ha recordado Víctor Merino en el inicio de su intervención. Lo consiguió CEAR-Euskadi y se introdujo en 2007 en el ordenamiento jurídico español. Pero este avance es insuficiente a juicio del jurista; introduce el concepto del género, dice, pero sin una perspectiva de género. Porque «las leyes de igualdad, de protección de derechos frente a la violencia van por un camino y se alejan de la ley de asilo», y viceversa.

Ha señalado que diversas organizaciones internacionales han advertido en varias ocasiones de que el género influye en las personas demandantes de asilo y en su concesión legal. A pesar de ello, la ley de asilo de 2009 no habla de violencia de género y los grandes avances como el Convenio de Estambul no contemplan, de momento, a las mujeres migradas.

Ha advertido de que «vamos muy tarde» en los avances legislativos. Lo único que se contempla, ha dicho, es «una prohibición de discriminación por distinto origen nacional. «Falta una perspectiva de género y una mirada interseccional, tanto en la protección del asilo como en la violencia de género. Y falta valentía legisladora», ha concluido Merino.

El verdugo no puede ser salvador

Por su parte, la sobradamente conocida activista por la defensa del territorio y feminista Lolita Chávez ha centrado su intervención en torno a la crisis climática, las personas que huyen de sus países por culpa de ella y las responsabilidades institucionales de esta crisis.

Ha comenzado interpelando al Movimiento Feminista que trabaja dentro de las instituciones y a las mismas instituciones de Euskal Herria y el Estado español: «Nosotras salimos de los territorios de Abya Ayala, mal llamada América, con estados genocidas y feminicidas. Pero llegamos a la conclusión de que llegamos también a estados genocidas y feminicidas».

Estos estados a los que llegan, como el español, son, a juicio de Chávez, los responsables de que las refugiadas climáticas necesiten huir de sus países.

«Llegamos al Estado que es el origen del saqueo y la explotación de la naturaleza. Venimos de territorios hostiles, llegamos a territorios hostiles. Porque esos territorios hostiles son la máxima expresión de los mayores crímenes de la humanidad», ha denunciado este jueves en Bilbo.

Por ello ríe cuando le dicen que la solución a estos problemas es cuestión de voluntad política. Porque considera imposible que los que se benefician justamente de estas políticas de saqueo tengan voluntad de deshacer sus acciones. Porque, ha detallado, 157 empresas subvencionadas por Lakua «expolian los territorios de Abya Yala»: «Lo que está pasando allá tiene mucho que ver acá».