Una decisión del Tribunal Constitucional español podría suponer que los ayuntamientos de Hego Euskal Herria dejasen de cobrar cerca de cien millones de euros al año. El tribunal ha dejado sin efecto el impuesto que se aplica a la ganancia obtenida tras la venta de un piso debido a su revalorización al considerar que no se ha calculado de una manera adecuada. No cree que haya que abonar devoluciones por los impuestos cobrados hasta el momento.

De este modo, se deja en suspenso, en principio hasta que el Gobierno español elabore una nueva norma que se ajuste a los criterios establecidos por el Constitucional. El Ministerio de Hacienda ha anunciado que está analizando la sentencia.

El efecto que podría tener la decisión del Constitucional en uno de los principales ingresos de los municipios en Euskal Herria podría estimarse en cien millones de euros. El presidente de Eudel, Gorka Urtaran, ha detallado este mediodía que este impuesto aporta a los consistorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 62 millones de euros, a los que hay que sumar los de Nafarroa. Antes había avanzado que solo en Gasteiz, su ciudad, son cerca de 15. La cantidad oscila en función de la vitalidad del mercado inmobiliario y de los precios que se pagan por las viviendas. También en Nafarroa se realizó una modificación similar, según ha destacado la consejera de Hacienda, Elma Saiz.

Urtaran ha recordado que en Gasteiz en 2017 se modificó el impuesto que para que solo se pagara en el caso de que hubiera un beneficio en la venta del inmueble, mientras que previamente se tenía en cuenta una estimación de la revalorización del terreno en el que se ubicaba. Precisamente, este cálculo es el que ha puesto en cuestión el Constitucional tras recibir numerosas denuncias de ciudadanos que habían tenido que pagar la plusvalía pese a vender los inmuebles por un precio menor al que lo adquirieron como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria en la crisis de 2008.

Urtaran ha mostrado su preocupación por el efecto que tendrá esta decisión en las finanzas de los ayuntamientos vascos y ha reclamado «más garantías jurídicas a la hora de garantizar la suficiencia financiera de los municipios y dotarnos de los recursos necesarios para cumplir con nuestras obligaciones de forma adecuada».

En este sentido, ha recordado que los ayuntamientos ofrecen una serie de servicios básicos a la ciudadanía y ha reclamado que para ello deben disponer de los recursos necesarios. «Lo que no puede ser es que estemos al albur de este tipo de fallos que ahora descomponen todo el presupuesto municipal y que, además, nos ponen en una situación muy complicada», ha lamentado.