Aunque seguían sin compartir el modelo planteado, la plataforma No Línea de Alta Tensión-Autopista Elektrikorik Ez consideró en una rueda prensa realizada en setiembre que el nuevo proyecto planteado para Itsaso-Castejón suponía «un sensible avance», pero al considerarlo insuficiente presentaron alternativas.

Sin embargo, escasamente dos semanas después, según han explicado este miércoles en una rueda de prensa convocada en Katakrak de Iruñea Alberto Frías, portavoz de la plataforma, y el alcalde de la Cendea de Oltza, Moisés Garjón, se remitió a los ayuntamientos afectados la tramitación de dos nuevos proyectos de líneas de alta tensión denominados Kyoto y Ume y sus líneas de evacuación promovidas por Forestalia.

Para la plataforma, la realización de estos dos proyectos es «un despropósito sin precedentes» que constituye una «grave amenaza» no solo para el medio ambiente, sino también «para el futuro de los municipios que atraviesa» que son un total de 32 en Nafarroa, 8 en Araba, 7 en Gipuzkoa y 12 en Bizkaia.

De acuerdo con Frías, estas líneas de alta tensión de 400kV asociadas a los proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas junto al límite de Zaragoza con Nafarroa supondrían la colocación de 618 torretas de 70 metros de altura y cuatro circuitos, a través de 244 kilómetros de distancia.

Esta tendrá un trazado que, tras entrar en Nafarroa por Zarrakaztelu y atravesar 32 municipios hasta Altsasu, se dividirá en dos, uno con destino Gasteiz y afectando a 8 municipios en Araba, y otro hasta Gatika atravesando 7 localidades en Gipuzkoa y 12 en Bizkaia.

Respecto a la planificación energética, ha proseguido Frías, este proyecto «ni viene contemplado en el periodo 2015-2020 ni consta en la documentación recibida que venga recogido en la pendiente aprobación para 2021-2026».

En este sentido, la afirmación del promotor referida al «hecho novedoso de que se pretende configurar por primera vez las líneas de evacuación como verdaderas líneas de transporte de titularidad privada», contradice la Ley del Sector Eléctrico que otorga a REE SA la función de gestor transportista único en régimen de exclusividad. 

«Por si el despropósito en sí mismo no fuera ya de suficiente magnitud», ha añadido Frías, el trazado en Nafarroa discurre en paralelo con la línea Itxaso-Castejón/Muruarte, lo que «no ha sido óbice para que en ninguno de los dos proyectos se analicen los efectos acumulativos y sinérgicos de ambas infraestructuras».

Frías ha señalado que en los estudios de impacto ambiental «se reconoce que en buena parte del trazado se produciría una saturación de infraestructuras eléctricas, en un pasillo calificado como problemático por los condicionantes técnicos derivados de la presencia de espacios naturales que forman parte de la Red Natura 2000».

Exigencias de la plataforma

Ante esta situación, han informado de que los ayuntamientos que forman parte de esta plataforma ya han remitido escritos a las delegaciones del Gobierno español, en los que se oponen a la autorización administrativa «que plantea expropiaciones forzosas».

Además, solicitaron la prórroga del período de alegaciones –que ya ha sido concedida hasta finales de noviembre–, la suspensión de la tramitación de la Solicitud de Declaración de Impacto Ambiental por «deficiencias sustanciales en el Estudio de Impacto Ambiental sometido a información pública» y la ampliación de información en referencia a la planificación energética.

Para la plataforma, los nuevos proyectos de Forestalia, empresa que no se dedicaba a la energía y está financiada por fondos que van desde Singapur a Copenhague, «hacen inaceptable no ya solo sus denominadas líneas de evacuación», que según Frías son «auténticas redes de transporte en aparente fraude de ley», sino también la ltxaso-Castejón/Muruarte, ya que la suma de afecciones multiplica sus impactos convirtiéndolos en en «críticos» e «inasumibles».

Este escenario debería –ha agregado Frías– obligar tanto al Gobierno de Nafarroa como al de Lakua a «unirse a los municipios afectados mostrando su oposición frontal y sin ambages a estos proyectos».

«El desarrollo de las energías renovables no puede venir en ningún caso unido a la renuncia de la regulación de espacios y especies protegidas, ya que abortaría el trabajo desarrollado durante los últimos treinta años para la protección de nuestro territorio», ha insistido Frías.

Y ha sentenciado que «nos encontramos ante el intento de reinstaurar una especie de derecho de pernada sobre el territorio, ahora de carácter energético, con manto verde renovable y que se pretende financiar con los fondos públicos post-pandemia».

El próximo sábado la plataforma ha convocado una asamblea abierta para poner en común la magnitud de «este despropósito inaceptable y de alguna forma acordar la estrategia a seguir».