Una marcha convocada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha recorrido este jueves las calles del centro de Gasteiz, donde han reclamado un «posicionamiento activo» a los grupos parlamentarios.

«Las reivindicaciones que desde hace más de tres años venimos reclamando no pueden esperar ni un día más», han señalado antes de incidir en la necesidad de derogar las reformas de 2011 y 2013.

Además, han exigido una pensión mínima de 1.080 euros, «medidas efectivas» para acabar con la brecha de género en salario y pensiones y el cien por cien de la pensión del cónyuge en casos de viudedad.

«Garantizar el sistema público de pensiones requiere derogar la reforma laboral de 2010 y 2012, crear empleo de calidad, establecer un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros y reducir la jornada de trabajo para repartir el trabajo y la riqueza y mejorar las cotizaciones a la Seguridad Social», han apuntado los pensionistas, que han registrado en la Cámara autonómica una misiva destinada a los grupos.

En la misma advierten de que «el proyecto de ley presentado por el Gobierno solo tiene un objetivo: mantener los recortes de las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y avanzar en el objetivo del ministro Escrivá, trabajar más para cobrar menos».

«El Sistema Público de Pensiones se quiere transformar en un sistema asistencial de subsistencia para fomentar los planes privados de pensiones», apuntan, al tiempo que piden los partidos políticos de Hego Euskal Herria que «adopten las decisiones que sean necesaria para que nuestras reivindicaciones sean atendida ¡ya! y el proyecto de Ley en tramitación sea retirado».

En este sentido, muestran su esperanza en que los parlamentos de Gasteiz y Nafarroa «abran un marco de encuentro para adoptar las decisiones más efectivas para garantizar a la ciudadanía vasca unas pensiones públicas dignas, justas y suficientes».

Manifestación el 13 de noviembre

Cabe señalar que el movimiento de pensionistas, que se movilizó el lunes en Iruñea, volverá a salir a la calle el 13 de noviembre para denunciar, una vez más, que «los recortes en pensiones y salarios están empeorando nuestras condiciones de vida».

Su situación va a peor «mientras los gobiernos imponen políticas fiscales que benefician a los que más tienen, reducen los servicios públicos, especialmente en los ámbitos sanitarios y socio-sanitarios, y permiten el incremento de los precios de servicios básicos como la energía y los bancos para que los oligopolios sigan repartiendo miles de millones de euros entre sus accionistas».