El sindicato ELA ha denunciado este lunes lo que entiende como «desprotección» de las víctimas de la exposición al amianto y ha exigido al Gobierno de Nafarroa que «en lugar de despilfarrar dinero en el diálogo social lo destine al desamiantado».

Según ha informado el sindicato en una nota, durante los últimos diez años ha iniciado una serie de procedimientos administrativos y judiciales para proceder al reconocimiento de las enfermedades profesionales relacionadas con la exposición laboral a amianto de varios extrabajadores de las empresas Fagor Ederlan (Tafalla) y Sunsundegui (Altsasu).

Destacan tres procedimientos en Fagor Ederlan llevados por ELA, uno de los cuales ha concluido con una sentencia que impone una responsabilidad civil de 200.000 euros y un recargo de prestaciones del 40%. En Sunsundegi también han aparecido otros cuatro casos que el ISPLN ha reconocido.

ELA alerta de que las enfermedades relacionadas con el amianto son, también en Nafarroa, un fenómeno de «dimensiones pandémicas», consecuencia directa de «la irresponsabilidad de las empresas y del insuficiente control público producido durante la segunda mitad del pasado siglo».

Dado que el período de latencia de este tipo de patologías, varias de ellas cancerígenas, puede llegar a ser de hasta 50 años, el sindicato cree que «nos encontramos ante una problemática de salud pública y laboral interesadamente invisibilizada».

En opinión de ELA, debe convertirse en prioridad política y social el establecimiento de medios para la prevención y control de dichas patologías, a fin de investigarlas, detectarlas a tiempo, y dar respuesta a las graves consecuencias que suponen.

En ese sentido, ELA insta a la empresas responsables a que dejen de recurrir resoluciones y sentencias favorables a personas expuestas a amianto en el ámbito laboral, ya que no hacen más que «prolongar innecesariamente los procedimientos judiciales en curso, y ahondar en el sufrimiento de las víctimas y sus familiares».

6 millones de metros cuadrados

A su vez, y «a la vista de la falta de voluntad» del Gobierno español para la creación de un fondo de compensación, ELA insta al Gobierno Foral a dar los pasos necesarios para la creación de un sistema de resarcimiento propio, que posibilite el acceso al mismo desde el inicio por parte de las víctimas, sin que ello suponga evitar responsabilidades por parte de las empresas responsables.

Durante el siglo pasado, según el sindicato, en Nafarroa se instalaron más de 6 millones de metros cuadrados y 500 kilómetros en cubiertas y conducciones de fibrocemento, cuyo coste de retirada se estima en 240 millones de euros.

El proyecto de presupuestos de 2022 contempla una partida de 50.000 euros para el desamiantado. ELA plantea que se destine a ello el presupuesto para un diálogo en salud laboral que tilda de «ineficaz y clientelar».