![Presentación de las enmiendas a la Ley de Memoria Democrática de EH Bildu, ERC, Junts, Pdecat, CUP y BNG. (NAIZ)](/media/asset_publics/resources/000/848/966/article_main_landscape/memoria_historica.jpg)
EH Bildu, ERC, Junts, Pdecat, CUP y BNG han presentado una serie de enmiendas conjuntas a la Ley de Memoria Democrática que aprobó el pasado mes de julio el Gobierno de Pedro Sánchez. Los portavoces de estos partidos en el Congreso de los Diputados español ya mostraron entonces sus reticencias al proyecto, ya que lo calificaron de «muy insuficiente» y aseguraron que no lo apoyarían salvo que se dieran modificaciones sustanciales a la nueva norma en su tramitación parlamentaria.
En concreto, en las enmiendas presentadas se plantean modificaciones sobre la Ley de Amnistía del 77, ya que sin ellas, «se continúa perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad. La preeminencia de la verdad y el derecho a que se haga justicia efectiva ha forzado a instituciones y familias a abrir procesos penales en otros países a tenor de la imposibilidad de hacerlo en territorio del Estado», se señala en uno de los textos.
En relación al reconocimiento de la persecución cultural y lingüística, se indica que «durante el franquismo, se intentó la armonización identitaria prohibiendo la enseñanza en lengua que no fuera la castellana, así como las publicaciones y su uso en cualquier situación. El Estado debe reconocer y reparar el daño causado a la cultura por motivos políticos durante el régimen».
Sobre las reclamaciones patrimoniales de los ateneos y asociaciones, en las enmiendas a la nueva Ley de Memoria Democrática, las formaciones vasca, catalanas y gallega apuntan que «durante la guerra y la posterior dictadura, el régimen incautó bienes y patrimonio de los ateneos y asociaciones culturales y otras personalidades jurídicas. Debe, pues, establecerse un mecanismo para el reconocimiento y reparación del expolio al que fueron sometidas tales instituciones».
En relación a la devolución de la titularidad y musealización de edificios emblemáticos y símbolos de la lucha antifranquista, en concreto «se propone la restitución de la titularidad de las dependencias de la Prefectura superior de policía de Via Laietana de Barcelona a la Generalitat de Catalunya así como el Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia».
Finalmente, sobre el título de monarca español, se propone, «singularmente, la supresión del título de Rey y los privilegios que del mismo se derivan habida cuenta que fue otorgado por un régimen ilegal. Además, la jefatura del Estado fue institucionalizada por Franco sin que se sometiera a referéndum para que los ciudadanos pudieran escoger la forma de Estado».
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