Mientras la investigación continúa abierta para esclarecer este asunto en su totalidad, Instituciones Penitenciarias ha cesado este jueves del cargo a la directora de Seguridad de la cárcel de Villena. Además, se le incoará el correspondiente expediente disciplinario «una vez conste la comunicación oficial sobre la situación procesal».

Tras la toma de declaración realizada por la Guardia Civil el miércoles, fue detenida por los cargos de denuncia falsa y simulación de delito. Horas después quedó en libertad con la obligación de presentarse en el Juzgado de Benidorm cuando se la requiera.

A principios de setiembre, la funcionaria presentó una denuncia relatando que varios encapuchados le habían golpeado a la salida de su domicilio en Benidorm y amenazado para que tuviera la «boca cerrada».

La denuncia fue seguida de una concentración en apoyo a la subdirectora en la que participó el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también le mostró su respaldo.

El miércoles, la jefa de Seguridad de Villena reconoció la falsedad de los mensajes amenazantes que dijo haber recibido en su teléfono móvi. Unos mensajes que se habían mandado desde otro teléfono ubicado en su domicilio, según ha señalado Europa Press citando fuentes de la investigación.

En cambio, mantiene que sí fue agredida y amenazada por encapuchados a la salida de su domicilio.

El caso por presunta violencia contra un preso sigue adelante

La supuesta agresión se relacionó en principio con la supervisión de la subdirectora sobre una investigación anterior en torno a la reducción que practicaron en agosto tres funcionarios, usando las defensas de goma, sobre un preso con problemas de salud mental. De esa acción quedó constancia por las cámaras de videovigilancia que tenía que custodiar la subdirectora.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han confirmado a la citada agencia que los tres expedientes disciplinarios contra los trabajadores actuantes, dos de ellos con suspensión de empleo y sueldo, se mantienen abiertos a la espera de la resolución judicial, ya que la reducción presuntamente violenta del preso es independiente del caso judicial por la denuncia falsa de la subdirectora.

En la argumentación para la suspensión del empleo y sueldo de los carceleros se recogió tanto la reducción presuntamente violenta de los funcionarios como la denuncia de amenazas de la subdirectora.