El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid ha acordado suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos, al considerar que se podrían producir daños irreparables antes de que se entre en el fondo del recurso interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

Esa asociación es un colectivo derechista y ultracatólico surgido para rechazar la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 en el Estado español y que, entre otras cosas, aboga por dar carácter de «bien de interés cultural» a los monumentos levantados para glorificar a la dictadura franquista.

En un auto con fecha de 16 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza Eva María Bru Peral adopta la medida cautelar de suspensión del acuerdo que el citado Ayuntamiento madrileño aprobó el pasado 24 de junio por el que se resuelve conceder a Patrimonio licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos.

El Gobierno español, a través de Patrimonio, solicitó en abril a este Ayuntamiento esa licencia para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas y que han sido reclamadas por sus familiares.

Una veintena de familias vascas ya tienen reconocido su derecho a exhumar los restos de sus allegados y otras han iniciado los trámites. En marzo, el Instituto Gogora recogió muestras de ADN de familiares con el objetivo de confirmar la identidad de los restos enterrados allí.

«Respetar el sagrado reposo eterno»

La denominada Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó la suspensión alegando el «derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias», así como la «necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas».

La juez concluye que, de procederse a la inmediata ejecución de las previsiones contenidas en la licencia impugnada, «se producirían modificaciones en un elemento integrado en un Conjunto de protección integral que harían inefectivo el fallo de una sentencia que fuera estimatoria, lo que resultaría contrario a la tutela cautelar».

Y considera «razonable evitar actuaciones que resulten irremediables antes de que se haya examinado el fondo del asunto que en este recurso se ha planteado», señalando que, en caso de desestimarse, podrían llevarse a cabo las actuaciones urbanísticas por ella suspendidas.

«Prevalecerán los derechos de las víctimas»

El abogado Eduardo Ranz, letrado de la familia de los hermanos Lapeña –cuya exhumación está pendiente de ejecutar–, ha lamentado que «por desgracia» haya otras resoluciones de esta jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo que van suspendiendo las obras en el interior del Valle de los Caídos.

«Parece que hay un sector de la población que no asume ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho ni el ordenamiento jurídico. La parte positiva es que siempre prevalecen los derechos de las víctimas y quien gana siempre es la democracia», ha reseñado.