La Comunidad de Madrid suele ser para el resto del Estado escenario de un ejemplo de derecha casposa, con sobredosis de corrupción y un estilo de administración poco digno de una metrópoli de Europa occidental. Pero la saga de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes parece tener continuidad con la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Eso sí, con un estilo de comunicación y un tono que la hace distinta.

A partir de las preguntas de los portavoces de la izquierda (representada por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos en la Asamblea), ha vuelto sobre la mesa la polémica sobre las contrataciones de emergencia dispuestas por el Gobierno autonómico durante el confinamiento y el Estado de alarma, para facilitar ciertas compras de bienes y servicios en medio de la urgencia, que ya no es tal.

Pero lo que ha catapultado la repercusión mediática es la desesperación del PP cuando se recuerda el caso del hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, quien es un alto cargo en Artesolar, una empresa que ha sido beneficiada por diez contratos de emergencia.

Hace dos semanas, la diputada del PSOE Carmen López acusó en el pleno monográfico sobre el tema a Tomás Díaz Ayuso de «ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar». Eso motivó una reprimenda de la presidenta de la Asamblea, quien le exigió retirar lo dicho por «cortesía parlamentaria». A la tercera llamada al orden, la expulsó del pleno y con ella se fueron en protesta todos los diputados, incluidos los de Vox, aliados locales del PP.

La presidenta madrileña a Carolina Alonso (UP): «Si se informan por el GARA, por el ‘Granma’ o por La Tuerka...»

Pero en el último pleno, la izquierda ha insistido. Fue el caso de la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, quien preguntó a Ayuso si consideraba «justificados» ahora los contratos expeditivos y con menos controles e insistió sobre Artesolar. La presidenta de la Asamblea, fiel alfil ayusista, la reprendió, pero la formalidad de la pregunta no pudo evitar que sea admitida.

La presidenta regional respondió acusando a la oposición de hacerle «querellas falsas» al no poderle ganar «en las urnas», dijo no tener «relación laboral alguna» con su familia y defendió la criticada transparencia en las contrataciones. Y ya en la parte final de su respuesta, afirmó: «Si se informan por el GARA, por el ‘Granma’ o por La Tuerka, lo que no van a ver es que la cúpula de su partido [UP] está investigada por falsificación documental». Acto seguido, ovación de la bancada conservadora y un pleno más sin las respuestas que hacen falta.

Banana Republic of Madrid

En conversación con NAIZ, la portavoz Alonso, quien además es miembro de la comisión de vigilancia de contrataciones de la Asamblea, explican que vienen reclamando «desde la primera legislatura de Ayuso como presidenta, porque se ven abusos de la fórmula de contratación de emergencia, pensada para casos muy excepcionales. Han utilizado la pandemia para acogerse a esto que es una puerta abierta a la corrupción, puesto que tiene muchos menos controles que la ordinaria. Se ha regado de dinero público a empresas recurrentemente cercanas, como Ariete Seguridad, que es de una ex concejala del PP de Alcorcón».

Alonso a NAIZ: «Aparecen y desaparecen documentos, como el del señor Sarasola que aloja a Ayuso»

La diputada denuncia que en lo que atañe a las contrataciones en la página web «falta información y no se está colgando toda la requerida». Además, comenta un hecho digno de película de suspense: «Hemos detectado que aparecen y desaparecen documentos, como lo del señor Sarasola que aloja a Ayuso. Se cuelgan contratos a altas horas de la madrugada que luego desaparecen».

Ante la repregunta, cree que eso ha ocurrido porque «era parte de la guerra interna que había entre PP y Ciudadanos» e insiste en que se publicaron «contratos que luego sobre la marcha eran cambiados. Ha habido irregularidades y sobre todo bastante opacidad».

El pleno monográfico de mediados de mes fue la oportunidad en que, en el calor del debate, surge la polémica de los 10 contratos adjudicados de emergencia a la empresa Artesolar, algo que en los hechos se conoce desde 2020, cuando eldiario.es publicó la contratación por 70.500 euros a la empresa donde Tomás Díaz Ayuso es director comercial. En ese reportaje también se informó de que el Gobierno regional compró mascarillas durante la pandemia por valor de 150.000 euros a otra empresa vinculada con la sociedad para la que trabaja el hermano de Ayuso.

Preguntada por las declaraciones de la diputada López que –a contramano de los deseos del PP– catapultaron la difusión de lo del hermano, por la reacción airada y contundente de la presidenta de la Asamblea, Alonso responde que la socialista asegura «saber que es cierto pero que no puede probarlo, que no tiene pruebas».

«¿Por qué Tomás Díaz Ayuso es innombrable? Hemos pedido la comparecencia del CEO de Artesolar pero el PP lo ha tirado abajo», se pregunta Alonso. Y dice que es «pertinente» exigir a la presidenta explicaciones a pesar de lo incómodo que puede ser mencionar a la familia directa en un pleno.

La diputada morada recuerda otra cuestión que salpica al entorno ayusista: «Daniel Alcázar es amigo de la infancia de la presidenta, del pueblo de Avila del que es el padre, y él fue beneficiado por un contrato de emergencia por la compra de material sanitario». También otros casos «en los que se encontró que se pagó mas caro el material cuando había empresas que lo ofrecían más barato».

El eje Florentino-Lasquetty

Alonso explica que la mayoría de las empresas beneficiadas por las contrataciones de emergencia «son las típicas empresas de Florentino Pérez, que luego ya sabemos las donaciones que hacen», y recalca un dato: «Lo más importante es que la Cámara de Cuentas ha dicho que tres de cada cuatro contrataciones de emergencia presentan irregularidades. ¡Y es una Cámara que depende de ellos, tienen mayoría!».

Sorprende la poca difusión de esta opacidades casi chabacanas. Y ahí encaja el control de Telemadrid

Sorprende la poca difusión de estas opacidades grotescas, casi chabacanas por lo obvio. Ante esto, la portavoz dice que a través de su labor en la comisión de vigilancia ha podido ver «que la presidencia de Madrid tiene muy bien acomodados a los medios de comunicación, económicamente están soltando muchísimo dinero». Cita como ejemplo el pago de 50.000 euros a Okdiario (de Eduardo Inda) «por jornadas de un día y on line».

Para peor, recuerda que al Gobierno regional «le faltaba controlar Telemadrid y con el golpe que dieron [al cambiar la dirección] ahora ya lo tienen todo». Otro ejemplo: «Nosotros por ejemplo llevamos dos meses sin pisar Telemadrid, ya no nos llaman. La gente luego se pregunta cómo ganan las elecciones…»

Alonso señala que la responsabilidad política directa en lo que toca a las contrataciones es del poderoso consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, quien en los últimos meses ha recrudecido sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por la financiación, haciendo el juego al relato de la victimización en detrimento de Catalunya.

Ayuso no tiene mayoría absoluta pero está cerca. Para todo precisa de la abstención, como mínimo, de la ultraderecha que lidera Rocío Monasterio. En algunas cuestiones, cabe decir, Vox se enfrenta al PP (por ejemplo, solicitaron el pleno monográfico para hablar de contrataciones). Pero como dice Alonso, «en última instancia siempre acaban siendo el escudo de Ayuso».