En una nota encabezada por los logotipos de EH Bildu y Gobierno Vasco-Departamento de Economía y Hacienda se ha anunciado que el consejero Pedro Azpiazu y la portavoz Maddalen Iriarte han suscrito este miércoles un acuerdo parlamentario que recoge una «mejora» de las cuentas de Lakua que contempla compromisos políticos y compromisos económicos. Su cuantificación asciende a 253 millones de euros, que se pueden evaluar también en 325,5 millones de euros, por el incremento final en I+D+i. En virtud de este pacto, la formación de la izquierda independentista se abstendrá en el Parlamento en la votación del 23 de diciembre de aprobación de los presupuestos.

Sin fotos ceremoniales ante los medios ni escenificaciones públicas, EH Bildu y el Gobierno de Lakua han comunicado a través de un escrito que sus respectivos «equipos de negociación han trabajado intensamente durante las últimas semanas, para lograr un acuerdo que repercuta de forma positiva en la sociedad vasca, en un momento en el que se requieren amplios acuerdos en diversos ámbitos, mejorando con ello su respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía».

Es la primera vez en las historia de los gobiernos de Iñigo Urkullu y de la existencia de EH Bildu que ambas partes alcanzan un acuerdo de este calado.

El Departamento de Economía y Hacienda y EH Bildu mantuvieron una primera reunión el 10 de noviembre, dentro de la ronda iniciada por el Gobierno, en la que el grupo independentista entregó una propuesta para la negociación con seis medidas políticas y seis económicas. El Ejecutivo respondió con otra oferta en la segunda ronda el 17 de noviembre. La Mesa Política de EH Bildu vio posibilidades de acuerdo y creó una comisión negociadora en su reunión del 22 de noviembre y los encuentros comenzaron el 24. El viernes pasado, Maddalen Iriarte anunció la no presentación de la enmienda a la totalidad. El trabajo discreto entre las partes ha dado hoy sus frutos.

176 millones en partidas

La parte de los acuerdos económicos alcanzados y que se traduce en partidas para salud, emergencia climática, bienestar energético, política social y emancipación juventud, asciende a 176 millones de euros.

En el ámbito de la Salud, según la nota remitida, «el Gobierno Vasco se compromete a un incremento de 30 millones de euros en Osakidetza con el fin de continuar durante el ejercicio 2022 y siguientes con la implantación de la Estrategia de Atención Primaria, acompasando la realización de los cambios organizativos oportunos con el fin de garantizar las consultas presenciales».

En el terreno de emergencia climática, antes de finalizar 2021 se activará el Fondo de Sostenibilidad Energética para las entidades locales de Euskadi, dotado con 90 millones de euros. Además, se incrementará la convocatoria con un crédito para 2022 de 10 millones de euros. También se aumenta en 20 millones de euros la partida para subvenciones a la eficiencia, al autoconsumo y a comunidades energéticas.

Dentro del ámbito del bienestar energético, se amplían en 4 millones de euros las Ayudas de Emergencia Social,  incrementando la cuantía anual máxima destinada a los gastos de energía debidos al suministro eléctrico, de gas u otro tipo de combustible de uso doméstico. Esto supone revertir el recorte que se había hecho en ese campo.

En Política Social «el Gobierno Vasco se compromete a incluir una dotación presupuestaria de 20 millones de euros  (10 en 2022 y 10 en 2023) destinada al impulso de proyectos vinculados a la consecución de la inclusión social de los colectivos y personas en riesgo de exclusión».

Y se reforzará en 2 millones de euros las líneas de actuación relacionadas con las políticas de juventud, particularmente las relacionadas con la emancipación juvenil.

SMI, alquileres e I+D+i

De los seis compromisos políticos que EH Bildu puso sobre la mesa, finalmente los equipos negociadores han llegado a un acuerdo en tres de ellos. El primero, sobre trabajo y empleo, «el Gobierno Vasco adquiere el compromiso, en todos los marcos de empleo y diálogo social, de defender y fomentar un SMI en convenios colectivos que sea proporcional a la renta media de la Comunidad Autónoma de Euskadi». Este punto es igual al acordado con el Gobierno de Nafarroa.

En materia de alquileres de vivienda el Ejecutivo autonómico se compromete a «poner en marcha, cuando la futura normativa estatal en materia de regulación de precios del alquiler privado lo permita y de conformidad con los acuerdos del Parlamento Vasco al respecto, un sistema de control de precios del alquiler privado, adaptado a las especificidades de la realidad vasca». Además, se estudiarán medidas fiscales para contener los precios del alquiler.

Sobre la I+D+i se recoge el compromiso del Gobierno de incrementar el 12% anual el conjunto de dotaciones presupuestarias dedicadas a estas políticas públicas con el fin de alcanzar lo antes posible el porcentaje del 3% sobre el PIB recomendado. El Ejecutivo apunta que su previsión era la del aumento del 6% anual, por lo que duplicarlo al 12% supone una cuantificación de 77 millones de euros. Pero también recoge que «el incremento total de las inversiones en I+D+i uniendo el compromiso del Gobierno a los resultados de este acuerdo tiene un alcance total de 149,5 millones de euros».

Ahí es donde surge la posibilidad de que la cifra final de lo acordado pueda cuantificarse en 253 millones de euros o también en 325,5 millones de euros si se coge la diferencia entre lo ahora presupuestado y en acuerdo para dos años.

Abstención de EH Bildu

Estos incrementos en los presupuestos se darán porque el Gobierno se compromete a que los grupos parlamentarios que lo sostienen –PNV y PSE– faciliten la aprobación de enmiendas presentadas por EH Bildu o por la realización de las modificaciones presupuestarias oportunas en un plazo de dos meses.

Por su parte, el grupo parlamentario independentista se compromete a no apoyar las enmiendas a la totalidad presentadas y a abstenerse en la votación de los Presupuestos del próximo 23 de diciembre en el Parlamento de Gasteiz.

El Departamento de Economía y Hacienda y EH Bildu crearán una comisión de seguimiento de este acuerdo, con tres miembros por cada parte, que se reunirá de manera ordinaria cada cuatro meses para hacer seguimiento de la implantación y puesta en marcha de los compromisos adoptados.