Doce asociaciones han presentado hoy ante el Defensor del Pueblo de Nafarroa una queja por «la dejación de funciones del Gobierno de Navarra a la hora de actuar sobre aquellas actividades agrarias y ganaderas que están contaminando el acuífero de Marcilla, y que están poniendo en riesgo la salud pública de la población».

Las asociaciones que han presentado la queja son Alnus, Compañía de las 3 Erres, Ecologistas en Acción, Ekologistak Martxan, Etxalde, Fundación Sustrai Erakuntza, Greenpeace, Hacendera, Lurra, Marcilla Vive, Urbizi y REAS), que recuerdan que en agosto se notificó al Gobierno navarro la contaminación por altos índices de nitrato del barranco de Valtraviesa.

Junto a ello, señalan que «con una rapidez inusitada» el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático responde reconociendo la contaminación por nitratos, pero señalando que es un problema complejo y prometiendo investigarlo. Asimismo, recomienda al Ayuntamiento de Martzilla usar el agua del embalse de Itoitz debido a la contaminación.

«Se da la circunstancia de que en esa zona se está produciendo un gran desarrollo de la ganadería industrial intensiva, tanto por la implantación de nuevas y grandes granjas, como por la utilización de terrenos de labor para verter en ellos sus purines. Aparentemente se está produciendo una mala gestión de estiércoles y purines, y en concreto, se tiene constancia de que algunas parcelas serían utilizadas por varias explotaciones a la vez. Esto implica un riesgo de sobre-fertilización, y por lo tanto contaminación por nitratos. Es relevante también indicar que entre las explotaciones ganaderas que utilizan las citadas tierras como vertederos de sus purines se encuentra la macrogranja de Caparroso Valle de Odieta», explican los colectivos que han presentado la queja.

Estos grupos denuncia que la actuación del Gobierno navarro incurre en «falta de transparencia, eficacia y contundencia para identificar y eliminar las actividades contaminante que representan un peligro para la salud pública y ambiental» y reclama que se aumenten los controles públicos a las actividades de las macrogranjas y «frenar su desmendida expansión».