No es la primera vez en pandemia que aparece un documento de este tipo. Sucedió lo mismo, por ejemplo, cuando llegó la indicación de vacunar a todas las embarazadas, independientemente del estado de la gestación, decisión que modificaba la recomendación anterior, que aconsejaba vacunar a partir de determinada semana. 

Así, el documento que firman el Comité Asesor de Vacunas de la AEP (CAV-AEP), Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), Asociación Española de Pediatría (AEP) alcanzado este jueves entra dentro de la normalidad. Dicho de otro modo y para que se entienda de qué documento se trata, desde hoy, si un padre o madre consulta a su pediatra sobre qué hacer, este se remitirá al documento que NAIZ enlaza a este artículo, tanto en su formato resumido (4 páginas) como en el extenso (30). Y, si discrepa, debería informar que este es la opinión consensuada por sus colegas y contraponerla a la suya personal. 

Las principales conclusiones dicen lo siguiente: «La vacunación es la medida más efectiva para combatir la pandemia actual. Las medidas no farmacológicas (como son el distanciamiento físico y las medidas de higiene respiratoria y de contacto) contribuyen al control de la diseminación de la infección, pero algunas de ellas no se pueden mantener de forma indefinida sin que se afecte la normalidad deseada». 

Sobre la seguridad, indican que «los ensayos clínicos de las vacunas frente a la covid-19 en la edad pediátrica (5-11 años de edad) han demostrado que la vacunación es eficaz, lo que asegura la primera condición para que esta pueda administrarse en la infancia. Tanto la amplia experiencia acumulada con la vacunación de adolescentes y adultos como los ensayos clínicos disponibles muestran que la vacunación pediátrica cuenta con un perfil de seguridad favorable, lo que constituye, también, una condición imprescindible».

Los pediatras no han valorado únicamente el coste-beneficio desde un punto de vista físico, sino que también calibran el derecho a los niños a la escolarización y al impacto emocional de las medidas de seguridad. «Entre las razones que apoyarían la recomendación de la vacunación en los niños se encuentra la de disminuir la carga de enfermedad que supone la COVID-19 en este grupo de edad, actualmente el de mayor incidencia con más de 200 casos por 100 000. Aunque lo más frecuente es que la infección por SARS-CoV-2 curse de forma asintomática o con síntomas leves, existen formas graves como el SIMP [Síndrome Inflamatorio Múltisostémico Pediátrico] asociado a SARS-CoV-2, la covid persistente y la neumonía. Además, hay que considerar los efectos colaterales que la pandemia ha tenido en los niños y adolescentes, entre los que se encuentran la falta de normalidad en la escolarización, derecho fundamental de la infancia y base imprescindible para el bienestar y desarrollo personal de cada niño, y los trastornos de salud mental que se han evidenciado como consecuencia de la pandemia». 

«No sería justo privarles»

El documento también entiende la vacuna como un derecho y un fin para alcanzar un bien colectivo. «Debe tenerse en cuenta también que la circulación del virus facilitada por las cohortes de población sin vacunar, como son los niños, podría facilitar la selección de variantes para las que las actuales vacunas pudieran ser menos eficaces. Y, además, no sería justo privar a la población infantil del beneficio que aporta la vacunación, del que ya gozan los mayores de 12 años (aunque los objetivos en términos de salud sean diferentes)».

Asimismo, el documento recoge que «la vacunación de la COVID-19 debe priorizarse siempre en los adultos y en las poblaciones de mayor riesgo. La vacunación de los niños debe balancearse en función de la situación epidemiológica y también buscando contribuir al control de la infección en la comunidad. La vacunación infantil puede servir como protección no solo individual, sino, también, de las personas vulnerables del entorno de los niños».

Un último punto, más de carácter logístico, apunta cuáles pueden ser los criterios de priorización e incide en que quizás debería tenerse en cuenta patologías de riesgo, asumiendo los firmantes que no son competentes. «La decisión de vacunar a los niños, una vez aprobada por la agencia reguladora europea (EMA), debería adaptarse a la situación epidemiológica, pudiendo llevarse a cabo vacunando a todas las cohortes o de forma secuencial priorizando a los grupos de niños de mayor riesgo y edad, decisión que deberán tomar el Ministerio de Sanidad y las CC. AA., haciendo en cualquier caso un estrecho seguimiento del impacto que esta medida vaya teniendo tanto en los vacunados como en la comunidad en su conjunto». 

Debido a lo técnico del documento, NAIZ ha preferido no alterar la redacción de las conclusiones, que vienen firmadas por Marisa Navarro Gómez (Madrid, CAV-AEP), Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria (Barcelona, SEIP-AEP), Jesús Ruiz Contreras (Madrid, CAV-AEP), Alfredo Tagarro García (Madrid, SEIP-AEP), Antoni Soriano Arandes (Barcelona, SEIP-AEP), Ángel Hernández Merino (Madrid, CAV-AEP). Sencillamente, se han hecho unas precisiones y advertencias sobre que no se trata de un documento extraordinario y cuál es su función, pues se trata de un documento no pensado para la población general, pero que en un escenario como el actual, con una autoridad sanitaria tan desdibujada, merece ser difundido.