Este sábado se cerró el plazo para que las víctimas de lo eufemísticamente denominado «abusos policiales» en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa solicitaran su reconocimiento y reparación. No hay número oficial todavía sobre el volumen final ni detalles sobre la catalogación de los casos, pero tanto el adelanto autocrítico hecho por uno de los miembros de la comisión de valoración, Jon Mirena Landa, como los datos de que dispone Egiari Zor anticipan que el proceso ha quedado muy lejos de lo pretendido.

En primavera se apuntó que se habían formulado cerca de un millar de solicitudes, con lo que parecía que el proceso empezaba a tomar cierto ritmo, pero finalmente no ha acabado de despegar. Aunque esa cantidad provisional habrá aumentado desde entonces, sin duda queda lejos del número de casos reales de víctimas de violencia estatal. Por ejemplo, cabe recordar que el avance del informe oficial del Gobierno de Lakua sobre la tortura -ya en 2016, luego ampliado– certificó 4.113 casos en la CAV. Y de ellos, 3.110 se produjeron después de 1978 (hay que matizar que el número de personas víctimas en realidad es menor porque algunas sufrieron esta lacra más de una vez).

En cuanto a las personas fallecidas encuadrables en esta ley o en la paralela de Nafarroa, Egiari Zor tiene detectados en el conjunto de Euskal Herria 366 casos, de los que solo 88 han recibido algún tipo de reparación (hubo un proceso anterior, también bastante fallido, para el periodo 1960-1978). Desde esta fundación se constata a NAIZ que no todas las familias de las personas fallecidas han solicitado este reconocimiento y reparación.

No obstante, es seguramente en el ámbito de las personas torturadas donde se registra mayor porcentaje de ausencias. Los motivos ya los había apuntado Egiari Zor en este proceso: muchas desconfían directamente de esta vía oficial, otras no han sentido el respaldo y motivación necesarias, y a menudo también se ha eludido presentar la solicitud porque su caso ya había sido puesto en conocimiento oficial en el trabajo del Instituto Vasco de Criminología liderado por Paco Etxeberria, con lo que han entendido que eso ya debía ser suficiente.

«Hemos perdido a las víctimas»

El balance es el que apuntaba el coportavoz de la comisión de valoración de este proceso, el catedrático de la UPV-EHU Jon Mirena Landa, sin medias tintas este sábado en ‘Berria’: «El resultado objetivo está siendo muy escaso: no están todas las víctimas, sino un porcentaje muy pequeño de ellas. Tras haber llegado tan tarde, y al no haber creado una confianza suficiente, la mayoría de las víctimas no se acercan. Hemos perdido a las víctimas por el camino; porque han fallecido, porque han perdido la confianza, porque no entienden el sentido y el para qué de estas leyes, porque no quieren ser motivo de rifirrafe entre los partidos...»

Otra de las claves que apunta Landa es la decisión de excluir de esta ley cualquier tipo de búsqueda de responsabilidades penales, con el argumento de que el Tribunal Constitucional español la tumbaría en caso contrario. Hay que recordar aquí que la ley original de 2016 fue reformada en 2019 para dejar claro que no se cuestionaba esa impunidad. Terminó aprobada solo por PNV y PSE, mientras EH Bildu y Elkarrekin Podemos se abstenían. Para el catedrático, con ello «el estándar de justicia ha bajado en estas leyes: no hay responsabilidad individual, al dejarse a un lado la Justicia penal. Y en consecuencia, el tratamiento parejo y justo a las víctimas desaparece de raíz».
       
Resulta ilustrativo aquí el ejemplo de las personas detenidas en la redada de la Guardia Civil de 1985 que concluyó con la muerte de Mikel Zabalza. En el primer paquete de decisiones sobre estas solicitudes, se ha aceptado como víctimas a su novia Idoia Aierbe, su primo Manuel Bizkai o el escritor Ion Arretxe, pero no ha ocurrido lo mismo por ahora con Zabalza, caso que se considera más complejo por la existencia de un expediente judicial (que no llevó a condena precisamente, sino a lo contrario). Y entre medio Aierbe y Arretxe ya han fallecido, lo que corrobora la autocrítica de Landa de que el proceso llega tarde.

Las FSE distorsionan

NAIZ ha podido constatar un hecho aún más elocuente en este proceso: miembros de las FSE se han inscrito como solicitantes de ser reconocidos como víctimas esgrimiendo que sufrieron vulneraciones de derechos perpetradas por «particulares» que actuaban «en grupo» o «de forma incontrolada». Una maniobra que pervierte claramente el objetivo de la ley de atender a quienes han sufrido violencia por parte precisamente de efectivos de las FSE, mercenarios, ultraderecha…

Estas solicitudes difícilmente prosperarán a su paso por la comisión de valoración, pero sí contribuyen a enmarañar el desarrollo de la norma y poder así desacreditarlo, una intención patente desde el arranque. No hay que olvidar el modo en que colectivos como Jusapol se revolvieron contra su aprobación en el Parlamento de Gasteiz, donde tuvieron un crispado enfrentamiento con Julen Arzuaga (EH Bildu) que siguió en los tribunales.

Lento en la CAV, sin lanzarse en Nafarroa
 
Otro aspecto llamativo es la falta de celeridad en la toma de decisiones, atribuible a la escasez de medios. Por el momento solo se han aprobado los expedientes de 35 personas (una decisión que fue escenificada con un acto oficial en junio). En ese momento se habían analizado únicamente 55 casos, entre ellos once con resultado de muerte y 36 relativos a torturas. Suponía apenas un 5% de las peticiones formuladas.

La situación podría repetirse ahora en Nafarroa, donde la ley es similar a la de la CAV; pasó la criba del Constitucional (en mayo pasado) a cambio de renunciar a cualquier intención de exigencia de responsabilidades penales. El plazo para solicitar el reconocimiento se abrirá en breve y Egiari Zor también animará a participar en el mismo, como ha hecho en la CAV, aunque este balance ya constituya un cierto jarro de agua fría. Quizás previsible de antemano pero inevitablemente desalentador.