Guatemala ha conmemorado este miércoles el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que en 1996 que pusieron fin al conflicto armado interno, aunque sin mucho que celebrar ante la grave regresión democrática que sufre el país.

El Gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha recordado el aniversario mediante un pequeño acto en el Palacio Nacional de la Cultura, pero la ausencia del propio mandatario ha reflejado su escaso entusiasmo por el evento.

Sin embargo, los motivos para celebrar son pocos en opinión del Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, y también de la Plataforma Nacional de Organizaciones Víctimas del Conflicto Armado, entre otros organismos.

«Con el actual Gobierno de Guatemala se está consumando una grave regresión de 25 años», ha asegurado Rodas, que ha señalado al Gobierno de Giammattei. Con él «quedó desmantelada la institucionalidad de la paz» en referencia al cierre durante su mandato de la Secretaría de la Paz, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, compromisos adquiridos en 1996.

Violaciones de derechos sin precedentes

«Las violaciones de los derechos humanos en los últimos dos años no tienen precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz», ha enfatizado Rodas.

Dichos acuerdos pusieron fin a 36 años de guerra interna entre el Estado y las fuerzas rebeldes guerrilleras organizadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en uno de los conflictos más sangrientos de Latinoamérica, con más de 250.000 muertos y desaparecidos, la mayoría a manos del Ejército de Guatemala, según informes de organismos internacionales. 

Rodas ha añadido que el Gobierno ha vulnerado reiteradamente la Constitución «sin consecuencias para los responsables, se han anulado los contrapesos de la República, y la corrupción y la impunidad han vuelto por sus fueros».

«La enorme incidencia de las redes de corrupción y de las estructuras del crimen organizado en las decisiones del Estado amenazan seriamente la democracia y la paz social», ha advertido.

Rodas ha considerado que los discursos de odio incitados o tolerados desde el poder, así como los ataques a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, pueden ser el preludio de un régimen abiertamente autoritario.

Hacer frente al autoritarismo

Por ello, ha consdierado urgente «que los diversos sectores democráticos abran espacio de diálogo y concertación, y generen capacidades de defensa de la Constitución y de los Acuerdos de Paz, impidiendo que las fuerzas autoritarias se impongan».

Ha advertido además, de que a nivel internacional el Estado de Guatemala «ha dado la espalda a sus compromisos multilaterales y está quedando excluido del concierto de las naciones democráticas».

El Acuerdo de Paz Firme y Duradera, como se le conoce, se firmó el 29 de diciembre de 1996 entre representantes del Gobierno y de la URNG en el Palacio Nacional de la Cultura, en la capital del país.

Además de acuerdos sobre derechos humanos, el documento firmado contenía proyecciones para solucionar problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado, pero que han quedado en papel mojado a la vez que esos problemas, como la pobreza extrema, persisten e incluso se van agravando.

De la esperanza a la decepción de las víctimas

Por su parte, las víctimas del conflicto armado creen que la situación en Guatemala se mantiene sin cambios después de 25 años de la firma de la paz. «La firma de la paz en 1996 abrió la posibilidad de realizar cambios estructurales en el país. Sin embargo, después de 25 años esas esperanzas de cambio se han convertido en decepción», han criticado.

«Queremos denunciar la forma descarada en la que el presidente, Alejandro Giammattei, sepultó la agenda de la paz para imponer una agenda de explotación, corrupción e impunidad en el país», ha denunciado la Plataforma Nacional de Organizaciones Víctimas del Conflicto Armado Interno, que ha llevado su denuncia ante el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno guatemalteco.

El presidente de la plataforma, Juan Pérez, ha subrayado que el plan del Gobierno de Giammattei va en sentido opuesto a la agenda para el desarrollo y el respeto a los derechos humanos que constituyen los acuerdos, y está «sepultando lo último que queda de la institucionalidad y la paz».

Durante el conflicto perdieron la vida decenas de miles de civiles de tres generaciones, 70.000 fueron desaparecidos y sufrieron tratos inhumanos, y más de un millón fueron desplazados.

La plataforma también ha criticado la decisión de Giammattei en 2020 de desmantelar las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

«En su lugar se creó la Comisión Presidencia por la Paz y Derechos Humanos, una institución de fachada para engañar a la comunidad internacional porque no tiene presupuesto ni personal capacitado para cumplir con la agenda de la paz», ha censurado la plataforma.

Ausencia del presidente

El presidente ha eludido acudir al acto oficial del aniversario. Ha delegado en el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, y en el diputado Manuel Conde, quien dirigió el primer equipo negociador de los Acuerdos.

En 2018 Conde Orellana participó como testigo de la defensa en el juicio por genocidio en 2018 del exjefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusado de la masacre de más de 1.700 indígenas.

El diputado también fue un férreo opositor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano internacional que entre 2014 y 2019 implementó junto al Ministerio Público (Fiscalía) una amplia lucha contra la corrupción en el país centroamericano, que llevó a la cárcel a más de 250 personas entre ministros, diputados, presidentes y expresidentes.