El debate menos pensado. O al menos, menos esperado para este momento en que la pandemia sigue siendo la noticia más consumida. Pues una cadena de sucesos ha hecho que todos estemos hablando sobre las macrogranjas y su papel en la economía y medio ambiente del Estado español, incluso más aún que en aquellos días de la famosas frase del presidente Pedro Sánchez y su defensa acrítica del chuletón.

El origen de esta polémica fue una entrevista al ministro español de Consumo, Alberto Garzón, publicada en el periódico británico ‘The Guardian’ y que luego fue tergiversada por la revista sectorial ‘Cárnica’, que reprodujo lo del matutino londinense pero bajo el título «Garzón afirma que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados». Arreciaron críticas desde la UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) y Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores) y hasta el presidente de Castilla y León (comunidad con la mayor cantidad de cabezas de ganado de todo el Estado), Alfonso Fernández Mañueco (PP) y el de Aragón, Javier Lambán (PSOE), le pidieron la renuncia al ministro.

Yendo por partes: este jueves, en entrevista para la SER, Garzón trató de explicar nuevamente lo que quiso decir, ratificó sus críticas a las macrogranjas y disparó: «Ha sido un bulo lanzado por una empresa vinculada al lobby cárnico que manipuló mis palabras y al que se sumó gente que están contra el Gobierno, o contra una parte del Gobierno».

La portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, señaló que el ministro Garzón hablaba «a título personal y no en nombre del Gobierno»

Además, consideró que fue «impecable» lo que había afirmado «porque tiene demostración científica, ya que la ganadería extensiva genera arraigo al territorio y es sostenible. Las macrogranjas no generan empleo, contaminan y desplazan a la ganadería tradicional que debemos proteger».

En ese sentido, defendió su posición recordando que la Comisión Europea «tiene abierto un expediente a España por exceso de contaminación del suelo y el agua procedente de las macrogranjas» y llamó a ser «valientes» y «reconocer» el problema para resolverlo. Y también le respondió a la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, quien había dicho que el ministro hablaba «a título personal y no en nombre del Gobierno».

Garzón fue claro: «Las declaraciones son como ministro de Consumo porque es un tema que está dentro de mis competencias. Lo curioso es que me critiquen presidentes de comunidades autónomas que han aprobado moratorias contra las macrogranjas por lo mismo que yo dije». Por ahora Moncloa no ha vuelto a hacer mención sobre el asunto.

Enfado de UP y ofensiva de las derechas

Desde donde sí han expresado su malestar con el trato a Garzón es desde las filas de Unidas Podemos. El número dos del grupo parlamentario confederal en el Congreso, Jaume Asens, ha hablado en RNE este viernes y ha apoyado las críticas de Garzón al considerar «una realidad» que la ganadería intensiva «produce carne de peor calidad». También ha asegurado que el ministro «habla como parte del Gobierno, no como particular», criticando así que el Gobierno lo desautorizase y ha enfatizado: «Nos han lanzado un chuletón a la cara».

Además, el líder de Catalunya en Comú ha exigido una rectificación y disculpa al aragonés Javier Lambán, después de que éste calificara las declaraciones de Garzón de «desgraciadas e insensatas» y pidiera su dimisión. Según Asens, esto ha representado una «deslealtad gravísima» por parte de un sector del PSOE para con su socio de coalición.

Fuentes de la formación morada preguntadas por NAIZ señalaron la sorpresa que despertó en UP la polémica en torno a Garzón. «La gente debería aprender a leer mejor los periódicos», comentaron con ironía y reiteraron que lo dicho por Garzón (y respaldado en tuits de la vicepresidenta Yolanda Díaz, el portavoz Pablo Echenique y el líder del PCE, Enrique Santiago) «no es nada más que lo que dice la Agenda 2030, que pide apostar por una ganadería de calidad y sostenible».

Uno de los elementos que explican toda esta lluvia de declaraciones y tergiversaciones: las elecciones autonómicas (anticipadas) de Castilla y León el mes próximo

Sobre el motivo detrás de la reacción de Moncloa y del PSOE, las fuentes moradas fueron escuetas: «No entendemos, porque lo dicho (por Garzón) está firmado y el PSOE suscribe esto en la Agenda 2030. No sabemos si por las elecciones en Castilla y León o por llevar la contraria».

Aquí yace uno de los elementos que explican toda esta lluvia de declaraciones y tergiversaciones: las elecciones autonómicas (anticipadas) de Castilla y León el mes próximo. Esta comunidad es tal vez en la que más el PSOE pone en contradicción su perfil ecosostenible con su relación cercana con el sector rural, especialmente el ganadero. Se trata de una región que concentra una quinta parte de la superficie rural del Estado y con la precampaña ya lanzada, nadie quiere pelearse con un sector tan potente a nivel regional.

Si bien todo apunta a que ganará el PP y crecerá Vox (y Ciudadanos posiblemente esté cerca de la desaparición), el PSOE habrá preferido una posición más pragmática. Tras la argumentación de Garzón (y lo irrefutable de los hechos sobre las macrogranjas), el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha rebajado el tono al asunto a su llegara a la primera reunión del año del Comité Federal del partido y ante las preguntas de los medios ha rechazado pedir la dimisión de Garzón.

En la misma línea estuvo el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, que gobierna en coalición con UP y cuando en una entrevista de este viernes en ‘El País’ le preguntan por lo dicho por Garzón, respondió: «No me ha interesado mucho el tema, se habla de malas traducciones... No tengo la información suficiente».

Quienes no quieren rebajar nada el tono son quienes lideran el Partido Popular. Génova ya ha dado instrucciones que todos los grupos parlamentarios del PP presenten mociones para reprobar las opiniones de Garzón en todos los ayuntamientos, diputaciones y legislaturas autonómicas. También, por supuesto, piden su dimisión. Una jugada que apunta a desgastar al PSOE agudizando sus contradicciones y también a no dejar margen de más crecimiento a dos contendientes que le pueden restar votos en los comicios de febrero: Vox y la España Vaciada, que debutará en estas autonómicas.

El tono conflictivo y dramático que adoptaría el partido alfa de la derecha española ya se pudo ver venir con la primera reacción de Fernández Mañueco cuando se viralizó la tergiversación de la entrevista: «Qué ha hecho Castilla y León para que el Gobierno de España ataque a nuestros ganaderos. No lo vamos a admitir. Nos tendrán enfrente en defensa de los hombres y mujeres del campo».

Pero frente a la clarificación de Garzón y la deslegitimización del pretendido bulo (muchos medios madrileños salieron al cruce de los portavoces cárnicos), ya hay algunos del sector empresario ganadero que empiezan a abandonar la polémica. El secretario de la IGP Carne de Ávila, Pedro Herraiz, admitió a la SER este viernes que su opinión «ha cambiado» después de revisar las declaraciones exactas del ministro y añadió: «Estoy de acuerdo en todo lo que dijo. Yo también estoy en contra de las macrogranjas y me parece una locura crear espacios desproporcionados».

Un asunto no ajeno a Nafarroa

Con menos difusión en los grandes medios del centro de la península, en Nafarroa la cuestión de las macrogranjas es parte del debate público y de la intervención del gobierno autonómico, el cual mantiene abiertos 19 procedimientos sancionadores relacionados con la macrogranja de Caparroso, 10 de ellos competentes a la dirección de Agricultura y Ganadería y los 9 restantes en Medio Ambiente.

De hecho, la consejera navarra de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha asegurado en su momento que «el compromiso y la voluntad política» de su Gobierno «son claros» y contrarios contra este tipo de explotaciones masivas de animales. El Ejecutivo de Chivite trabaja ya en la modificación de la ley para impedir el establecimiento en el herrialde de «macrogranjas» que pongan en peligro tanto el medioambiente como la subsistencia de explotaciones ganaderas familiares, y no compartió la decisión judicial que permitió la ampliación de una granja en Caparroso para albergar hasta 7.200 vacas.

Además, la cooperativa navarra Valle de Odieta quiere construir en la localidad soriana de Noviercas una macrogranja con casi 19.000 vacas lecheras con ordeño automático. El proyecto, que sería situado a apenas 50 kilómetros del punto geográfico en el que confluyen Nafarroa, Aragón y Castilla, ya cuenta con el visto bueno del Gobierno de Fernández Mañueco.