En una comparecencia que ha tenido lugar en su sede de Bilbo, ELA ha valorado este martes el acuerdo alcanzado a finales de diciembre por el Gobierno de Pedro Sánchez, los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal CEOE, que, en su opinión, apenas recoge «unas ligerísimas mejoras» a cambio de «consolidar el grueso de unas reformas que fueron muy perjudiciales para la clase trabajadora y que, si este decreto se convalida, lo seguirán siendo».

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha señalado que, «para avanzar en la derogación de las reformas laborales impuestas por Zapatero y Rajoy en 2010 y 2012», «la única vía» que queda es rechazar el decreto-ley que recoge ese acuerdo cuando se vote en el Congreso de los Diputados, lo que sucederá en las próximas semanas.

La central abertzale considera que «no se puede aprobar una reforma laboral si no se limita el despido y sin regular con claridad que en Euskal Herria los convenios provinciales tengan prioridad sobre los estatales». Por ello, ha instado a PNV y EH Bildu a votar en contra, para que de esa forma «se retomen las negociaciones, pero esta vez sin otorgar derecho de veto a la CEOE».

«Tristísimo papel» de CCOO y UGT

ELA ha criticado a los dos socios del Gobierno español, PSOE y Unidas Podemos, porque, a su juicio, han utilizado la Mesa estatal del Diálogo Social «para poder incumplir más cómodamente su programa electoral, donde anunciaban la derogación de la reforma laboral de Rajoy», para lo cual han contado con el apoyo de CCOO y UGT. A estos les ha reprochado, además, que «se están dedicando estos días a impedir que su acuerdo con la CEOE pueda mejorarse en el Congreso», lo que ha calificado de «tristísimo papel para un sindicato».

Como ha subrayado Lakuntza, el propio Mariano Rajoy ha resumido «mejor que nadie» el escenario alcanzado: «La reforma laboral se ha quedado como estaba».

En esa idea ha abundado el responsable de Negociación Colectiva de ELA, Peio Igeregi, quien ha recordado que «las reformas laborales de 2010 y 2012 debilitaron la relación de fuerzas de los trabajadores: abarataron y facilitaron los despidos; permitieron a las empresas la modificación unilateral de lo acordado con la representación sindical; dieron prioridad a los convenios estatales, lo que empeoró las condiciones de trabajo...».

El acuerdo estatal mantiene esos elementos centrales «a cambio de pequeñas mejoras», muchas de las cuales, como ha explicado, han sido aportadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no por el acuerdo en sí, como ha ocurrido con la desaparición del contrato de obra, la recuperación de la ultraactividad o los cambios en la subcontratación». «A cambio de casi nada, la CEOE ha conseguido mantener y perpetuar lo que para la patronal era imprescindible», ha afirmado.

Como conclusión, Igeregi ha incidido en que los firmantes del acuerdo «quieren mantener a corto plazo los elementos centrales de la reforma de 2012, renuncian a cambios profundos, han frustrado a quienes han luchado para que se derogara y, además, no evitarán posibles recortes en el futuro». Y, como «alternativa», ha apuntado hacia la movilización, vía en la que ELA «está trabajando con otras organizaciones de Euskal Herria y de otros territorios del Estado».

EH Bildu y PNV negocian sin resultados por ahora

Mientras tanto, en Madrid están abiertas las negociaciones a varias bandas entre el Gobierno de coalición y los socios de la investidura en torno a la tramitación del decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre. En principio, debe ser convalidado antes del 4 de febrero, que es cuando vence el plazo para su ratificación en el Congreso. Si no ocurre así, podría tramitarse como proyecto de ley, lo que daría lugar a introducir enmiendas. No obstante, el contenido del decreto-ley ya ha entrado en vigor parcialmente.

Fuentes de EH Bildu han confirmado a Efe este martes que han mantenido contactos con el Ejecutivo durante los últimos días y que esta semana hay varias reuniones previstas, pero «de momento pocos avances... o ninguno».

La formación soberanista mantiene sus peticiones de que prevalezcan los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales, así como la «necesaria autorización administrativa de los ERE y despidos colectivos», la ampliación de las indemnizaciones por despido o la recuperación de los salarios de tramitación.

En términos similares se ha pronunciado la diputada del PNV Josune Gorospe, quien ha reconocido que hay conversaciones con el Gobierno español, pero ha insistido en que su grupo no apoyará ese decreto-ley «en tanto no se salvaguarde la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales».

Entrevistada en Onda Vasca, Gorospe ha criticado el planteamiento del Ejecutivo de confiar en la abstención de determinados grupos parlamentarios para salvar la tramitación de la reforma laboral.

«Nosotros queremos avanzar y que se respete el acuerdo interprofesional adoptado en 2017 entre los agentes sociales vascos, con unos sindicatos mayoritarios que son distintos a los estatales», ha comentado, precisando que apuestan por un «reconocimiento expreso» de ese marco laboral.

PP y Ciudadanos optan por vías distintas

Cómo se tramite finalmente la reforma laboral depende también de la actitud que adopten los grupos de la oposición en el Parlamento estatal, a los que también se ha dirigido Sánchez para buscar, si no su apoyo, al menos su abstención.

Ciudadanos ha señalado este martes que estaría dispuesto a abstenerse en la convalidación del decreto si no se toca el texto acordado con la CEOE y no se tramita como proyecto de ley, ya que considera que esa vía abre el paso a las enmiendas de ERC y Bildu.

Fuentes de la formación naranja han comentado a Efe que la reforma pactada es «equilibrada» y mantiene el 95% de la que aprobó el Gobierno del PP en 2012, por lo que tiende la mano al Ejecutivo de coalición para que aproveche su abstención y pueda ser convalidada sin modificaciones.

No obstante, Ciudadanos no ha mantenido todavía contactos con el Ejecutivo ni les han llamado para concertar citas al respecto.

En cambio, el PP ha adelantado que votará en contra de la convalidación del decreto en el Congreso porque no flexibiliza aún más el mercado laboral, pero votará que sí a tramitarlo como un proyecto de ley para que pueda ser enmendado.

Fuentes de su grupo parlamentario han insistido en que debería ser tramitado como proyecto de ley para «no hurtar» el poder legislativo al Congreso y no se muestran preocupados a abrir la puerta a que el decreto reciba las enmiendas de ERC, Bildu o PNV, que podrían derogar más artículos de la reforma de Rajoy.

«Para eso están los votos del PP, para evitarlo», señalan desde los escaños del principal partido de la oposición, que admite que no ha habido contactos en esta materia con el Gobierno.