El excomisario de Policía José Manuel Villarejo ha explicado este miércoles que al hablar de que los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils fueron «un error de cálculo del CNI» para dar «un susto» a Catalunya se refería a que se podría haber tratado de un «comando ficticio» para «dar la apariencia del riesgo» de modo que Catalunya «sintiera la necesidad de la protección del Estado» y que, al morir el imán de Ripoll, se descontroló.

«Yo lo que he dicho en relación con lo del 'susto' es que muchas veces se han provocado comandos ficticios para tranquilizar y tal, y que, probablemente, la intención en absoluto fuera provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia del riesgo para que Catalunya sintiera la necesidad de la protección del Estado, y se fue de las manos cuando el imán muere y los pequeños, jovencitos, no saben cómo reaccionar», ha dicho en declaraciones a la prensa en la Audiencia Nacional.

Villarejo ha aclarado así las manifestaciones que hizo el martes durante el juicio por ‘Tándem’, cuando señaló que, una vez jubilado, siguió trabajando con el CNI para temas puntuales. «Estuve colaborando con ellos para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, que al final fue un error grave del señor (Félix) Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Catalunya», indicó, en alusión al exdirector del CNI.

Este miércoles, el comisario jubilado ha asegurado que el imán de Ripoll fue detenido «a principios de 2000» porque «se dedicaba a meter, digamos, marroquíes con pasaporte falsos fabricados por el servicio de inteligencia marroquí». Ha indicado, además, que años después se le 'pinchó' el teléfono por su presunta vinculación con «los atentados del 11-M» y se le contactó por parte del CNI.

«Cuando lo van a expulsar, unos señores del CNI van y hablan con el juez y anulan la orden de expulsión y se ponen a trabajar», ha señalado. Según confirmaron fuentes de los servicios de inteligencia a Europa Press en 2017, los agentes de Inteligencia «siguiendo los protocolos» contactaron con el imán de Ripoll en 2014, cuando este cumplía una condena en la prisión de Castelló por tráfico de drogas.

A las puertas de la Audiencia Nacional, Villarejo ha puntualizado que en 2015 «una fuente muy importante» le dijo que «cuidado con lo que dicen o fingen en Catalunya porque puede ser gente que trabaje para los intereses de otros».

El comisario ha destacado que la fiscal a cargo de la investigación del 17A –«la actual fiscal general del Estado»– indicó que «todos» debían «asumir» que «ha habido errores». «¿Quieren pruebas? Vayan a mis archivos, miren las conversaciones que tengo yo con el juez instructor, aunque estaba jubilado, miren las conversaciones que tengo con el director de CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado)», ha añadido

Investigación de la Fiscalía

El exconseller de Interior Joaquim Forn ha criticado la «frivolidad» del excomisario y ha pedido a la Fiscalía que investigue estas afirmaciones. En declaraciones a RAC1, ha rechazado la «contundencia y frialdad» de las palabras de Villarejo, en la medida en la que hubo ese «balance de muertos» y esas palabras «hacen daño» a las familias de las víctimas.

«Me cuesta pensar que haya una mente retorcida para hacer algo así», ha señalado, antes de pedir a la Fiscalía que investigue de oficio porque la ciudadanía «tiene el derecho a saber la verdad» de lo sucedido.

«Es evidente que con unas declaraciones como estas, aunque no te las creas, se tienen que investigar, porque (Villarejo) no es una persona cualquiera, ha crecido bajo el amparo de muchos ministros», ha argumentado Forn. En este sentido, ha recalcado que el excomisario ha sido durante años «una persona protegida y utilizada por varios ministros», de forma que «alguna cosa debe saber».

El PSC pide «no dar voz a teorías conspiratorias»

En relación a las declaraciones de Villarejo, la viceprimera secretaria del PSC, Alicia Romero, ha pedido «no politizar y no dar voz a teorías conspiratorias que no tienen ninguna prueba» y ha criticado que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, haya encargado a los servicios jurídicos de la Cámara una denuncia para que Fiscalía estudie estas declaraciones.

Romero ha sostenido que Villarejo ya había puesto en cuestión el atentado del 11M de Madrid y que se demostró que no tenía ninguna prueba de lo que afirmaba: «Ahora vuelve a poner en duda no sólo unos hechos que ya están judicializados, sino el trabajo de los Mossos y los cuerpos policiales, y eso nos parece grave, y nos parece grave que se dé credibilidad».

Cabe destacar que ‘El País’ confirmó en noviembre de 2017 la relación entre el CNI y el imán de Ripoll cuando este se encontraba en la cárcel de Castelló, en 2014, ejerciendo como «confidente» de los servicios secretos españoles. Esta información desapareció del portal web de ‘El País‘ horas después de ser publicada.

Afectados exigen pruebas

La Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), entidad que representa y asiste a más de 250 afectados por los atentados de agosto de 2017, ha hecho público un comunicado en el que señala que Villarejo está declarando como acusado en un proceso penal y no tiene la obligación de «decir la verdad», así como que «no es la primera ocasión en la que ofrece declaraciones similares» y, por ello, le pregunta «¿por qué ha esperado a tener un juicio en su contra para realizar estas manifestaciones?».

«Como entidad que representa y asiste a más de 250 afectados por los atentados de agosto de 2017, y con la intención de que la situación psicológica de las mismas no se vea agravada tras su declaración, exigimos al comisario Villarejo que presente todas las pruebas que certifiquen las declaraciones», apunta el comunicado.

En opinión de UAVAT, «el comisario Villarejo está obligado como policía a aportar cuantas pruebas disponga para esclarecer los hechos que denuncia. Y entendemos también que, como ciudadano, presentar esas pruebas sería una muestra determinante de su empatía y solidaridad con las víctimas de los atentados sucedidos en agosto de 2017 en Cataluña».