A la derecha extrema y la extrema derecha españolas no les gusta hablar de memoria histórica y en el error del Ejecutivo de Lakua de remitir al Parlamento una versión de la Ley de Memoria Histórica y Democrática anterior a la finalmente aprobada por el Consejo de Gobierno había encontrado la excusa para pedir que comenzara de nuevo todo el proceso de tramitación, como pretendía PP+Cs, o incluso su retirada, como invocaba Vox.
Sin embargo, la Mesa del Parlamento ha considerado este miércoles que los cambios entre el borrador y el texto definitivo no eran tantos como para tomar estas medidas, que más respondían a los intereses políticos de los grupos proponentes que a los problemas a los que han dado lugar en la tramitación parlamentaria. Por ello, los trabajos continuarán con el nuevo texto correcto y la comisión correspondiente decidirá si se admiten nuevas comparecencias, en caso de que se soliciten.
Errores subsanados
La pasada semana, el portavoz de PP+Cs, Carmelo Barrio, compareció en rueda de prensa desvelando que había «incongruencias» entre el proyecto de ley que se estaba trabajando el Parlamento y la documentación que le acompañaba. Y la explicación era que el Ejecutivo de Urkullu había remitido a la Cámara en setiembre era una versión del proyecto de ley anterior al definitivamente aprobado en el Consejo de Gobierno.
El Departamento de Olatz Garamendi, que además de consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno es secretaria del Consejo de Gobierno, reconoció que se había producido «un error técnico y humano», y que de inmediato se remitiría al Parlamento el texto correcto. El proyecto de ley correcto ha pasado este miércoles por la Mesa, además de la corrección de seis errores detectados por el Instituto Gogora en el texto en euskara. Y la decisión mayoritaria ha sido la de continuar con su tramitación.
La Mesa acuerda que «decae el proyecto de ley anteriormente presentado con el mismo título». Pero «entiende que las modificaciones del nuevo texto no son sustanciales y que, por lo tanto, las comparecencias realizadas durante la tramitación del anterior proyecto de ley pueden ser consideradas suficientes para informar sobre el nuevo proyecto de ley». Añade que «no obstante, se somete al criterio de la Comisión competente la pertinencia o no de la realización de las posibles comparecencias».
En contra desde el principio
Desde el momento de su presentación, el parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ya determinó que esta ley «no era necesaria» porque hay otras leyes estatales y porque no hace referencia a ETA, que aseguró que «fue un protagonista macabro, asesino, terrorista en buena parte del periodo de la ley».
Tras detectar meses después el error del Gobierno, Barrio exigió que la tramitación del texto correcto se reanude «desde el principio», asegurando que sería «inaceptable» resolver un asunto de esta trascendencia a través de un procedimiento ordinario de «corrección de errores».
También desde el principio, la única representante de Vox en el Parlamento, Amaia Martínez, rechazó la ley por «desprender revanchismo, rencor y criminalizar a los españoles». Y aprovechó este error para insistir en su petición de retirada de la ley, que considera que es «un burdo ejercicio de desmemoria y un intento obsceno de determinados partidos políticos, entre ellos el PSOE y el PNV, de manipular lo sucedido en España durante décadas».
Frente a estas posiciones, la tramitación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática seguirá adelante por decisión de la mayoría de la Cámara.