Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) han anunciado este miércoles que han recuperado el control «total» de la cárcel de Ghwayran de la ciudad de Hasaka (noreste), en la que alrededor de 3.500 prisioneros del Estado Islámico (ISIS) permanecían atrincherados desde el jueves pasado.

«La campaña militar y de seguridad ‘Martillo de los Pueblos’ culminó al hacerse nuestras fuerzas con el control total de la prisión de Al-Sina, en Al-Hasaka, y con la rendición de todos los elementos del Estado Islámico», han anunciado las FSD en un escueto comunicado.

Y es que, en la incursión, considerada el mayor ataque yihadista de los últimos 3 años, participaron alrededor de 200 suicidas con el fin de liberar a los al menos 3.500 miembros del ISIS presos.

Las FSD todavía no se han pronunciado sobre el estado de unos 700 menores vinculados al ISIS que permanecían en el interior de las instalaciones penitenciarias y que, según las FSD, estaban siendo utilizados de escudos humanos por los combatientes para evitar un asalto a sus posiciones.

Por su parte, el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, ha confirmado la rendición de un grupo de yihadistas que permanecían atrincherados en el sótano de un dormitorio dentro de la cárcel y que hasta ahora habían rechazado acogerse a los llamamientos a la rendición hechas por las fuerzas kurdas.

Sin embargo, ha asegurado que todavía quedan algunas partes de la cárcel por registrar y no descarta que haya más yihadistas escondidos en ellas.

Los yihadistas prisioneros de Ghwayran se amotinaron por primera vez el pasado jueves por la noche con el apoyo de otros miembros del Estado Islámico desde el exterior, que hicieron explotar un coche bomba en el área y tomaron posiciones en residencias civiles cercanas.

Los recuentos de diferentes fuentes estiman que desde el día del motín han fallecido más de 200 personas en los enfrentamientos dentro y fuera de la cárcel.

A día de hoy, miles de combatientes del ISIS y sus familiares permanecen en cárceles o en campamentos de refugiados administrados por los kurdos en el noreste del país, la mayoría de ellos tras haber sido detenidos durante la ofensiva para expulsarlos de los últimos territorios que controlaban en esa región en 2019.