El juez de la Audiencia Nacional española Manuel García-Castellón ha acordado prorrogar otros seis meses la instrucción de la pieza 17 de la macrocausa ‘Tándem’, relacionada con los presuntos encargos que Iberdrola habría realizado al excomisario José Manuel Villarejo, revocando asimismo la condición de querellante de la empresa.

El magistrado entiende que la querella por falsedad que Iberdrola presentó contra José Antonio del Olmo, el exdirectivo que advirtió de supuestas irregularidades en el pago de las facturas a Villarejo, «debe posponerse», y abre la puerta para que se aplique a este la doctrina europea del ‘whistleblowing’ o de protección al denunciante.

En un auto conocido este jueves, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 considera que «mal casa la pretensión de la compañía de sostener la falsedad de una documentación con la situación procesal de su presidente», en alusión a Ignacio Sánchez Galán, que recientemente ha declarado como investigado.

Y es que, prosigue, «pretende introducir las alegaciones» de Del Olmo, exresponsable de Control Corporativo de la multinacional, «en otro procedimiento, en el que se reconoce la realidad de la documentación que guardaba en su poder y que la empresa entiende que son falsos».

Todos estos extremos muestran, según el juez, «notables carencias» en el fundamento de la denuncia por presunta falsedad documental, cuyo futuro «ahora debe posponerse como también deberá posponerse cualquier pronunciamiento sobre la acumulación de otros hechos».

Esta circunstancia hace que Iberdrola pierda «irremediablemente» su condición de querellada, añade García Castellón, que pide opinión a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes sobre el posible reconocimiento a Del Olmo de la figura del ‘whistleblower’, incluida en la directiva sobre protección de las personas que informen de delitos.

Más citaciones para declarar

Además, el juez justifica la ampliación de la instrucción con el fin de practicar una batería de diligencias para completar la investigación de la causa, entre las que se incluye la citación de 15 personas.

En esa ronda de declaraciones destaca la del comisario Enrique García Castaño, que comparecerá con la garantía de investigado por figurar con esta condición en otras piezas de la causa y al estar prescritas sus responsabilidades en esta pieza. «Entre los documentos relativos al proyecto Arrow se han incautado una serie de documentos que revelarían que el proveedor de estos datos telefónicos podría ser García Castaño», apunta.

Por otro lado, el juez también llama como testigo al apoderado de la empresa suiza Eólica Dobrogea, Corneliu Dica. Según el magistrado, Iberdrola Renovables habría contratado a Villarejo a finales de 2011 a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para investigar a la citada empresa, a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap y al propio Dica en el proyecto 'Wind'.

Precisamente, en el auto García-Castellón rechaza la petición de sobreseimiento realizada por el propio Asenjo a la vista de las diligencias que restan por practicar y «sin perjuicio de lo que pudiera resultar de las mismas».

Además, el magistrado también escuchará como investigado a Enrique Victorero, el responsable del área Corporativa de Seguridad en el Extranjero del Grupo Iberdrola, en el momento en que se elaboró la factura emitida por CENYT con fecha de 14 de febrero de 2012 por un importe de 29.500 euros y relacionada con 'Wind'. La firma de Victorero, además, figuraría en ese documento.

Asimismo, el juez acuerda la testifical de Gustavo Buesa, Juan Romo Aguilar, Josefa Caro Gamaza, Arantxa Azcúnaga, Manuel Gómez Laguna, Angel Francisco Fernández Salas, Fernando José Ordóñez Monteagudo, Andrés Merchán Cotos, Rafael Palomino Kaiser, Francisco Cremades Leguina, Luis Francisco Cremades, Antonio Holguín Quintana, Francisco Javier García Saldana, Dolores Herrera Pereda y María José Sanz Asensio.