![Imagen de archivo de Eulàlia Reguant.](/media/asset_publics/resources/000/868/708/article_main_landscape/Reguant.jpg)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado para el 1 y 2 de marzo el juicio a la diputada del Parlament de Catalunya y portavoz de la CUP Eulàlia Reguant por haber cometido un presunto delito de «desobediencia grave a la autoridad» durante el juicio del procés al negarse a responder en calidad de testigo a las preguntas de Vox, que ejercía la acusación popular.
En un auto de 19 de enero, recogido por Europa Press, el Alto Tribunal declara pertinentes las pruebas propuestas tanto por la Fiscalía como por la defensa, que incluyen en ambos casos el interrogatorio de Reguant, quien podrá declarar en catalán como ella ha pedido.
Respecto a las cuestiones previas planteadas por la defensa, los magistrados han indicado que darán respuesta al inicio del juicio, de acuerdo al artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Está previsto que la primera sesión se celebre el 1 de marzo, a las 10.30 horas.
La Sala ha dictado fecha después de que un juzgado madrileño elevara la causa al Alto Tribunal al considerar que carecía de competencias para juzgar la actuación de Reguant, aforada por ser diputada del Parlament.
«El fascismo no puede tener cabida en la sociedad»
Los hechos por los que se juzgará a Reguant tuvieron lugar en Madrid en febrero de 2019, durante el juicio a los líderes soberanistas por el referéndum del 1-O. En aquella ocasión, los magistrados acordaron una sanción de 2.500 euros para Reguant, entonces edil de la CUP, por negarse a responder a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox, algo que es de obligado cumplimiento para los testigos.
Un año después, en febrero de 2020, la dirigente de la CUP compareció ante la titular del juzgado madrileño. La declaración duró unos 25 minutos. Según manifestó a la salida del interrogatorio, «asumía las consecuencias pero poniendo encima de la mesa que un partido de extrema derecha condicionaba todo el procedimiento judicial».
El pasado octubre, cuando se dio a conocer que el juzgado madrileño había enviado la causa al Supremo, la diputada reafirmó en su cuenta de Twitter su decisión de no contestar a la extrema derecha en el juicio del procés.
Insistió en que era «aberrante que se conserve entre los que preguntan y acusan a una organización que tiene como objetivo la negación de derechos fundamentales». Y defendió «el derecho a desafiar la ley y a las autoridades establecidas» al considerar que «el fascismo no puede tener cabida en una sociedad que se pretende justa».
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