![Protesta de periodistas ante la Secretaría de Interior en Ciudad de México por la muerte de su compañera Lourdes Maldonado](/media/asset_publics/resources/000/868/253/article_main_landscape/maldonado.jpg)
Lourdes Maldonado, periodista de Tijuana, había denunciado que podían matarla. Estaba en mitad de una disputa laboral con una empresa vinculada al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y había recibido amenazas. «Temo por mi vida», le dijo al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia mañanera (la rueda de prensa diaria que ofrece el mandatario) celebrada el 26 de marzo de 2019. Quedó registrado cómo el mandatario le prometió que revisarían su caso, que le darían seguimiento. No sirvió de nada. Casi tres años después, el domingo 23 de enero de 2022, Maldonado fue asesinada a balazos en el exterior de su casa. De nada sirvió que el Mecanismo de Protección de Periodistas le hubiese puesto un guardaespaldas o que policías estatales hicieran rondines en las inmediaciones de su vivienda. La reportera se convirtió en la tercera periodista fallecida en México en el primer mes del año, tras las muertes de Margarito Martínez Esquivel, también en Tijuana, y de José Luis Gamboa Arenas en Veracruz.
La muerte de Maldonado tiene aristas complejas. Jaime Bonilla es uno de los políticos más cercanos a López Obrador y, de hecho, estaba a punto de entrar en su gabinete después de dejar la gubernatura de Baja California. Tras conocerse el suceso, aseguró que el pleito era por medio millón de pesos (algo más de 20.000 euros) y que no era «para ultimar a nadie». Los compañeros de Maldonado consideran que la primera línea de investigación debería ser la de Bonilla pero, por el momento, no hay avances en las pesquisas. En realidad, el 90% de los asesinatos de informadores quedan impunes, según datos del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Así que es muy probable que nunca sepamos quién mató a la periodista ni quién dio la orden.
López Obrador pidió «no hacer politiquería» con el asesinato de Maldonado y aseguró que se investigará para dar con los culpables, pero defendió que no se realicen «juicios sumarios». El problema es que la única pista conocida hasta el momento es el señalamiento que la propia reportera hizo ante el presidente hace tres años.
El asesinato se produce también en un contexto de fuerte polarización. No hay día en el que López Obrador no dedique varios minutos a atacar a ‘Reforma’ o ‘El Universal’, dos de los principales diarios del país, y a quienes acusa de seguir la agenda de sus rivales políticos. Hasta tal punto llega la confrontación que todos los miércoles en su conferencia matutina hay espacio para una sección en las que se exhibe lo que el Gobierno considera «mentiras» de la prensa. Esto ha llevado a organizaciones de Derechos Humanos a cuestionar al mandatario por una estrategia que, se considera, estigmatiza a los periodistas y puede facilitar que se incrementen los ataques.
Protestas en todo el país
El homicidio de Maldonado provocó una revuelta entre los periodistas. El martes, informadores de todo el país celebraron protestas en 47 ciudades de 27 estados del país. En la Ciudad de México tuvo lugar una vigilia frente a la secretaría de Gobernación, donde se colocaron los rostros de las víctimas de los últimos años. Las cifras son desoladoras. Según Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa, desde 2000 hasta la fecha han matado a 148 periodistas. De ellos, 28 murieron durante el actual sexenio, que concluirá en 2024; 47 durante el mandato de Enrique Peña Nieto y otros 48 con Felipe Calderón en la Presidencia. Hay que recordar que este último fue quien declaró la denominada «guerra contra el narcotráfico» que sumió a México en un baño de sangre. Desde 2007, el país registra cifras de violencia equiparables a la de un conflicto bélico: más de 350.000 muertos y cerca de 100.000 desaparecidos.
Habitualmente, los asesinatos de periodistas se centran en informadores locales, con escasa proyección pública y que viven en lugares con fuerte presencia del crimen organizado. Sin embargo, también hay reporteros con amplio reconocimiento que perdieron la vida en un ataque armado, como Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, o Miroslava Breach, periodista de Chihuahua asesinada en 2017.
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