Las favelas de Jacarezinho, con 90.000 habitantes, y de Muzema, servirán como laboratorio para un nuevo programa que combina seguridad y proyectos sociales. Aunque el gobernador del estado de Río de Janerio, Claudio Castro (Partido Liberal, PL), ha prometido «cambiarle la vida a la población» sacándola del yugo del crimen organizado, los especialistas se mantienen escépticos y denuncian este ensayo como «espectáculo mediático» en un año electoral.

Todo comenzó con una demostración de fuerza: en la madrugada del 19 de enero, más de 1.200 agentes fueron desplegados en Jacarezinho, donde en mayo del año pasado murieron al menos 28 personas durante la redada policial más sangrienta en la historia de Río.

Los residentes se refugiaron en sus casas, mientras hombres uniformados y fuertemente armados patrullaban cada callejón de estas construcciones precarias entre bosques de cables eléctricos que a veces cuelgan hasta el suelo.

Este distrito, ubicado en el norte de la ciudad de Río, es uno de los bastiones del Comando Vermelho (Comando Rojo), una banda de narcotraficantes que ha estado sembrando el terror desde finales de la década de 1970.

Otros policías fueron enviados a Muzema, donde los residentes viven bajo la tutela de las milicias paramilitares que los extorsionan para que les proporcionen servicios como gas o Internet. En junio de 2019, 24 personas murieron en este distrito del oeste de Río cuando se derrumbaron dos construcciones ilegales.

Más preguntas que respuestas

Esta masiva operación de «reconquista», como la describió el gobernador Castro, tomó a todos por sorpresa, incluso al alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, quien dijo que solo había sido advertido «la noche anterior».

La mañana del 22 de enero, el gobernador dio a conocer los detalles de su programa, bautizado ‘Cidade Integrada’. En contra de las versiones difundidas de que pronto se ejecutarían nuevas operaciones a gran escala en otras favelas, anunció que, inicialmente, el programa solo involucraría a Jacarezinho y Muzema. «Solo pensaremos en implementar el programa en otras favelas cuando esté en pleno funcionamiento» en estas dos localidades piloto, explicó.

Además de mantener una importante presencia policial, tiene previsto un ‘plan Marshall’ para las favelas, con 500 millones de reales (unos 81 millones de euros) de inversión en obras sociales e infraestructuras, en particular en la depuración de aguas.

También se prevé crear centros de formación profesional, así como instalaciones deportivas y culturales. Y se pagará una asignación de 300 reales (unos 49 euros) mensuales a las madres jóvenes de 16 a 30 años.

Pero para Cecilia Olliveira, directora de Fogo Cruzado, una plataforma digital que contabiliza los tiroteos en Río, este anuncio ha traído «más preguntas que respuestas». Una de ellas: «¿Es realmente factible extender este programa a todas las favelas?».

«¿Qué significa ‘estar funcionando plenamente'’? (...) Si realmente se quiere integrar a toda la ciudad, actuar apenas en dos favelas es absolutamente insuficiente», anticipa Olliveira.

Jacarezinho y Muzema son solo una gota en el océano de mil favelas donde vive más de una cuarta parte de los 6,7 millones de habitantes de Río.

El espejismo de la Policía de Pacificación

Para Julita Lemgruber, coordinadora del Centro de Investigación en Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cándido Mendes, ‘Cidade Integrada’ es solo un «espectáculo mediático». «No espero nada de este proyecto (...) porque no hubo ningún planeamiento, ninguna discusión con la comunidad», lamenta.

Teme un nuevo fracaso tras el de las Unidades de Policía de Pacificación (UPP), creadas en 2008 por el entonces gobernador Sergio Cabral, encarcelado desde 2016 por corrupción.

Lemgruber cita el ejemplo del Complexo do Alemao, donde se instaló un teleférico espectacular en la cima de la colina. «Cuando la comunidad se enteró, todo estaba listo, licitado (...). En ese momento, varios líderes de Alemao dijeron molestos: ‘Aquí necesitamos muchas cosas, ni siquiera hay saneamiento básico’. Nadie les preguntó nada», recuerda.

Inicialmente, las UPP redujeron la violencia en unas cuarenta favelas, pero luego la situación se deterioró, particularmente con la crisis financiera que afectó al estado de Río después de los Juegos Olímpicos de 2016.