Empieza febrero y con él los retos legislativos para un Gobierno de coalición en el Estado español que se ve forzado todos los meses a negociar con los partidos minoritarios al no contar con una mayoría parlamentaria. Esta semana vuelve la actividad habitual al Congreso, con el primer pleno y la primera sesión de control del año. Hasta el receso del verano, Moncloa debe cumplir con la aprobación de varios proyectos importantes, incluidos en las promesas del acuerdo de investidura de 2020.

El primer gran match parlamentario será este jueves, cuando el hemiciclo de 350 diputados deba decidir la aprobación o no del Real Decreto-ley 32/2021 de fines de diciembre sobre los cambios a la reforma laboral del PP en 2012. El Gobierno defiende que la modificación ha sido pactada por la patronal y los sindicatos más grandes del Estado tras varios meses de ardua, sigilosa y difícil negociación. Sin embargo, sus aliados tradicionales ERC, PNV y EH Bildu (suman 24 diputados clave) lamentan la falta de ambición. Con una diferencia sabida: el ‘no’ de los jeltzales no está relacionado con la demanda de más derechos progresistas sino únicamente con la del respeto a los convenios laborales firmados a nivel autonómico.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, ante esta situación, se ha volcado a la estrategia de 2020: intentar una coalición coyuntural con la derecha. Es así como consiguió acordar el voto positivo de Ciudadanos (10 escaños) y del PdeCAT (cuatro escaños de los exconvergentes que no responden al liderazgo de Carles Puigdemont). También ha obtenido el «sí» de los valencianistas de Compromís y de Más País (suman otros tres escaños).

Pero estos últimos dos partidos, como Unidas Podemos, han lamentado que se rompa el consenso de la mayoría progresista y temen las consecuencias de esas grietas. Esquerra Republicana insiste en la «falta de voluntad» del Gobierno para negociar y ha sido muy duro con la estrategia, incluso la llegó a calificar hace unos días de «proyecto personal» de la vicepresidenta Yolanda Díaz para instalarse en la opinión púbica como opción electoral. Un dato que surgió este lunes y no se puede desatender: en su columna en ‘La Vanguardia’, Iván Redondo afirmó que en las encuestas un 80% de los votantes de ERC avalan un voto a favor o abstención a la reforma.

En tanto, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que tendrá la mano tendida «hasta el último minuto» para mejorar una reforma que llega coja y lastrada por las presiones de Bruselas y la patronal y que deja intacta la columna vertebral de lo hecho por el PP en 2012: «Si el Gobierno quiere, hay alternativa». Por su parte, la ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, mantiene la esperanza de una mayoría progresista y ha dicho: «He visto ser posibles cosas que a priori parecían imposibles».

Más allá de la reforma laboral

Tras el hasta ahora impredecible jueves que se aviene, el próximo 15 de febrero volverán los diputados a discutir el proyecto de cambios a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, una de las promesas más resonantes de la coalición y especialmente exigida por Podemos.

Hasta ahora hay un consenso sobre casi todos los artículos a ser modificados, gracias a las negociaciones ocurridas el mes pasado y que acercaron posiciones (el año pasado no se pudo avanzar por las quejas de los socios). Una de las medidas incluidas recientes ha sido garantizar la incorporación de las distintas lenguas cooficiales al Documento Nacional de Identidad y al pasaporte. Resta tratar los flecos que quedan sobre las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, el uso de material antidisturbios o la asunción de veracidad de los testimonios de la Policía.

Tras lo que pase con la reforma laboral, en la ley de Comunicación Audiovisual la disputa volverá a ser con los partidos soberanistas.

En febrero también comenzará el trámite parlamentario del proyecto de ley de Comunicación Audiovisual, una exigencia de la Comisión Europea en la que el Estado español va a la cola del bloque de la Unión en su actualización. En diciembre el Consejo de Ministros aprobó la remisión al Congreso. La disputa aquí será, otra vez, con los partidos soberanistas y nacionalistas, que exigen que haya un cuidado amplio y específico a las lenguas cooficiales del Estado.

En diciembre, líderes de los colectivos en defensa de las lenguas catalana, vasca y galega, entre ellos el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, se reunieron en Madrid con diputados de los partidos de aquellas nacionalidades para exigir que en el Congreso hagan valer sus escaños e incorporen modificaciones al texto que preserven los derechos lingüísticos. La discusión irá en ese eje.

Tras recibir la visión crítica del CGPJ, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ley de Vivienda a la que dio el visto bueno en primera lectura en octubre, tras un año de negociación tensa entre PSOE y UP. El control de precios al alquiler en zona tensionadas está mas cerca de materializarse aunque ahora tendrá que sortear el trámite parlamentario, y en caso de ser aprobada, posiblemente ni siquiera se llegue a aplicar en esta legislatura.

Por último, la polémica y retrasada ley Trans espera salir del cajón y llegar al hemiciclo. En Madrid, de hecho, el fin de semana marcharon centenares de personas por el centro en reclamación por el retraso de su aprobación, en una manifestación convocada por la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis. El proyecto llevó a la salida de la exvicepresidenta Carmen Calvo (opuesta a su aprobación y que enemistó a los colectivos LGBTI con el PSOE) y es otra de las promesas de investidura que restan por cumplirse y que esperan su lugar este semestre.