La norma europea para proteger a los denunciantes o informantes internos ('whistleblowers’ en inglés) de infracciones del Derecho comunitario prevé mecanismos para ayudarles a hacerlo de manera interna o externa sin sufrir represalias de sus empleadores, por ejemplo creando canales seguros.

También prohíbe explícitamente las represalias e introduce mecanismos para impedir que los denunciantes sean suspendidos, degradados o intimidados, y obliga a proteger también a intermediarios, compañeros o parientes.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya adelantó en diciembre, cuando se cumplía el plazo marcado por Bruselas, que la transposición de la nueva norma llegaría con retraso alegando que quedaban «algunos flecos» que resolvería al inicio de este año para iniciar su tramitación, aunque señaló que esperaba dar ese paso antes de que el Ejecutivo comunitario abriera el expediente sancionador.

Pero la Comisión Europea ya ha iniciado la primera fase del procedimiento enviando una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, según ha adelantado el diario ‘El País’ y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

A partir de ahora, Madrid cuenta con un plazo de dos meses para responder a las inquietudes de Bruselas y explicar el estado en que se encuentran los trabajos para transponer la directiva.