![Pau Juvillà, con Laura Borràs detrás, en el Parlament, antes de que todo estallara.](/media/asset_publics/resources/000/871/786/article_main_landscape/0208_mun_CAT.jpg)
Ajena en gran medida al sainete que se cocía en el Congreso de los Diputados, Catalunya vivió la semana pasada su particular esperpento parlamentario, con la presidenta, Laura Borràs, como protagonista y el diputado de la CUP Pau Juvillà como víctima colateral.
Es importante empezar por el final y destacar el extremo más grave de un caso que se ha ido enredando en el actual laberinto independentista. Juvillà, secretario tercero de la Mesa del Parlament, ha perdido su escaño por que un órgano llamado Junta Electoral Central (JEC) así lo ha ordenado. La razón es que el representante de la CUP se negó a retirar los lazos amarillos de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida durante la campaña de las elecciones estatales del 28 de abril de 2019. Ciudadanos fue quien lo denunció.
No hay que olvidarlo: Catalunya es un país en el que, ahora mismo, un representante de la voluntad popular puede perder su escaño por colgar un lazo amarillo en solidaridad con los represaliados políticos catalanes. El drama principal es este.
Cambian las tornas
El caso de Juvillà es similar al del president Torra. Y d’aquí plora la criatura. Junts declaró la guerra contra ERC, y especialmente contra el entonces president del Parlament, Roger Torrent, por seguir las órdenes de la JEC y acabar retirando el escaño a Quim Torra, lo cual desembocó en un final de la legislatura que solo la pandemia alargó. «¡Aceptar retirarle el acta es aceptar el golpe de Estado!», exclamó entonces Laura Borràs.
Tras las elecciones, ERC y Junts cambiaron posiciones. La victoria de los republicanos llevó al Palau de la Generalitat a Pere Aragonès, y la norma no escrita de los últimos años dejó en manos de la segunda fuerza independentista la presidencia del Parlament. Junts escogió a Borràs, su candidata y principal figura tras Puigdemont. En su toma de posesión ni siquiera mencionó a su predecesor.
Así llegamos al 27 de enero, cuando la JEC confirmó el cese del diputado. Aparentemente, Borràs se mantuvo firme y anunció una batería de medidas para contratacar, señalando que no sería ella quien retirase el escaño a Juvillà. El Parlament llevó el caso al Tribunal Supremo, por ejemplo, y el pasado jueves, una semana después de la notificación de la JEC, aprobó una moción –sin consecuencias prácticas– en la que se defendía a Juvillà como miembro de la cámara. De hecho, la Mesa propuso hasta parar actividades hasta que la comisión del Diputado se pronunciara. Pero algo olía raro.
Juvillà –que, a todo esto, está de baja debido a un cáncer que padece– pidió la delegación de su voto, algo que Borràs no aceptó, alegando un supuesto conflicto de intereses del diputado cupero. No era eso, según se destapó al día siguiente. Juvillà había dejado de ser diputado el 28 de enero, al día siguiente de que el Parlament recibiese la notificación de la JEC. Así lo confirmó posteriormente la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, y así consta en la web del Parlament. Borràs se defendió diciendo que no sabía que los funcionarios habían dado la orden de acatar a la JEC.
Además de ser un país donde se inhabilitan representantes políticos, Catalunya bien podría pasar también por ser la meca del ilusionismo político.
Uno podría pensar que se acabó, que hasta aquí ha llegado el juego retórico de Junts con la desobediencia. No parece que vaya a ser así. La defensa de Borràs pasó primero por atacar a la CUP –le culpó de incumplir, al pedir el voto delegado, un supuesto pacto que ERC y la propia CUP niegan–, y después por culpar a todos en general. «No es que no se pueda evitar (la inhabilitación), es que no se ha querido evitar. (...) Planteé una propuesta ambiciosa de resistencia colectiva. Hemos llegado aquí porque no ha sido aceptada», señaló ayer. Nadie conoce el contenido de la propuesta.
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