La dinámica, por lo general, siempre ha sido la contraria. Nafarroa formula una ley y el Gobierno español la lleva al Constitucional por considerarla una extralimitación de competencias. Geroa Bai, sin embargo, ha puesto sobre la mesa una demanda ante el TC si la nueva Ley de Vivienda estatal se mantiene con la actual redacción, pues estaría entrando en normativa propia navarra. 

Lo han señalado el consejero de Vivienda José María Aierdi y el senador Koldo Martínez en conferencia de prensa, en la que han considerado «importante que ese marco competencial se mantenga en los actuales términos», por lo que han anunciado su petición al Gobierno de Nafarroa de que sus servicios jurídicos realicen un análisis detallado de las posibles «colisiones», lo que «permitirá acercarnos en una posición de colaboración a las administraciones».

Aierdi, pese a plantear una actitud conciliadora, no ha dudado en avanzar que si en el trámite que ahora comienza en las Cortes no se obtienen cambios, Geroa Bai apoyará la presentación de una denuncia ante el Tribunal Constitucional para defender las competencias forales.

En la misma línea, el senador autonómico, Koldo Martínez, ha considerado que la nueva regulación estatal «debería ser escrupulosamente respetuosa con las competencias en materia de vivienda que ya ejercemos en Navarra».

Contraste Madrid-Iruñea

Martínez ha sido muy crítico con la actitud del Gobierno estatal en cuanto al área de vivienda, que no tiene como algo «prioritario». Lo evidencia el que haya traído al Consejo de Ministros un proyecto que, de aprobarse, entrará en vigor cinco años después de que Pedro Sánchez anunciara su intención en 2018.

«Afortunadamente» Navarra tiene capacidad competencial para tomar medidas en materia de vivienda y, gracias al convenio económico, «capacidad competencial para decidir qué recursos destinamos a este área, qué medidas fiscales aplicamos y establecer así prioridades», ha dicho.

Prueba de ello son las actuaciones del Gobierno anterior y del actual con el que Navarra «ha sido, es y seguirá siendo pionera» en este área, ha dicho tras recordar la proposición de Ley firmada por PSN, Geroa Bai y Podemos, cuyo contenido «va más allá que el proyecto del Gobierno central en materias tan sensibles como la calificación indefinida de la vivienda protegida, la reserva de suelos en nuevos desarrollos o el establecimiento del índice de sostenibilidad de alquileres».

Además, ha defendido que «supone un paso más dentro de un largo proceso de cambios normativos de marcado perfil progresista que comenzó con la modificación de la Ley foral de Vivienda de 2016 que impulsó la rehabilitación y la vivienda pública de alquiler, y continuó con la Ley foral de Derecho Subjetivo a la Vivienda de 2018 que activó los programas de ayudas a alquiler a jóvenes y a familias vulnerables».

Todo ello, junto a los compromisos adquiridos en el acuerdo programático del Gobierno en 2019, son cambios que «desarrollan nuestra línea trabajo dirigidos a ampliar el parque público de vivienda de alquiler y a avanzar en el fomento de la vivienda protegida».

Por ello, el senador ha considerado que el proyecto de ley estatal de Vivienda presentado «no descubre nada nuevo, de hecho sigue el camino ya iniciado en Navarra», pero preocupa que «entra a regular materias de competencia exclusiva nuestra, de la Comunidad foral, y lo que aún es peor, restringe cuestiones como el bono joven» del programa Emanzipa «que lleva 3 años funcionando con éxito, y además sin límite temporal», o la reserva del 30% para vivienda protegida en los nuevos desarrollos residenciales «que en Navarra proponemos sea del 50%».

Así, los objetivos y la filosofía del proyecto estatal «suenan bien, muy bien en algunos aspectos, y se alinean con asuntos que ya hemos avanzado en Navarra», ha planteado, para alertar de que la regulación de la ley estatal «debería ser escrupulosamente respetuosa con las competencias en materia de vivienda que ya ejercemos en Navarra».

Un vicepresidente con rol de militante

Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero de Vivienda, José María Aierdi, ha planteado su «preocupación» por estas cuestiones competenciales, más que por el fondo del proyecto, que «se alinea en muchos aspectos» con políticas llevadas a cabo en Navarra, ha coincidido.

Por ello, ha entendido «necesario» exigir al Gobierno de Navarra un posicionamiento en este sentido, tras pedir a los servicios jurídicos que realicen un informe sobre las implicaciones que la ley estatal tiene en el marco competencial foral, que ha abogado porque «se mantenga en los actuales términos».

Resulta, con todo, llamativo que Aierdi realice estas declaraciones como responsable de Geroa Bai y no como vicepresidente del Gobierno navarro, que es el ente a quien compete finalmente activar los recursos del Gobierno en este tipo de situaciones. Aierdi ocupa el cargo principal reservado a Geroa Bai dentro del Gobierno de coalición con el PSOE y Unidas Podemos, que son los principales motores de la ley que Aierdi amenaza con recurrir.