Cinco meses han durado las infructuosas negociaciones para reformar el Estatuto de Autonomía de Asturias e incluir, entre otras cuestiones, la oficialidad del asturiano promovida por PSOE, Podemos e IU, que no han podido sumar el voto imprescindible de Foro y se han topado con la oposición frontal de PP, Ciudadanos y Vox a elevar el rango de protección de la llingua.

La reforma del Estatuto de Autonomía, que el pasado 30 de diciembre cumplió 40 años, requiere una mayoría reforzada de 27 de los 45 escaños del Parlamento autonómico, uno menos de los que suman los tres partidos de izquierda, que vieron en Foro la única opción.

Los contactos comenzaron el pasado septiembre con la entrega por parte del Gobierno del Principado de un documento con una serie de propuestas como punto de partida para iniciar el diálogo con el resto de fuerzas políticas, y del que enseguida se desmarcaron PP, Ciudadanos y Vox por incluir la oficialidad del asturiano y del gallego eonaviego, lengua esta última hablada en las Tierras del Eo-Navia, lindantes Galiza.

Si PP y Ciudadanos justificaron su rechazo al subrayar que la comunidad ya cuenta desde 1998 con una Ley de Uso y Promoción del «Bable/Asturiano» y considerar que la oficialidad iba a suponer una imposición de una lengua que carece de la necesaria demanda social, obviando marchas multitudinarias como la que el pasado mes de octubre reunió a decenas de miles de personas en Oviedo. Vox, con el que el PSOE no negocia nada, calificó la demanda oficialidad como «el bebé del monstruo nacionalista».

«Oficialidad amable»

Tanto el Gobierno de Adrián Barbón como la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) insistieron por activa y por pasiva en que el objetivo era implantar un modelo de «oficialidad amable», que consolidara derechos al hablante sin suponer «imposiciones».

Los grupos de derecha del arco parlamentario asturiano, incluido Foro, pusieron en duda la posibilidad de implantar ese modelo, al entender que la oficialidad supondría de facto que la administración estaría obligada a atender en asturiano, en cualquier lugar y en cualquier momento, al ciudadano que así lo exigiera amparándose en la norma de mayor rango autonómico.

Frente a este cuestionamiento, el Gobierno de Barbón respondió que el reconocimiento de la oficialidad se trataba de un primer paso y que debería ser una futura ley, emanada del Parlamento autonómico, la que debería de concretar con el mayor consenso posible los detalles del uso de las lenguas asturianas.

Foro, que hasta entonces no se había posicionado de forma expresa en torno a la oficialidad, accedió a iniciar las conversaciones si se garantizaba que dicha ley requiriera la misma mayoría reforzada que la propia reforma estatutaria, tres quintos de la Cámara, es decir, 27 de los 45 diputados.

PSOE (20 escaños), Podemos (cuatro) e IU (dos) aceptaron la propuesta del diputado «imprescindible» y secretario general de Foro, Adrián Pumares, quien comparte grupo con otro parlamentario que fue expulsado del partido tras alinearse con el sector crítico del que también formaba parte Francisco Álvarez-Cascos.

Reforma fiscal

Iniciadas las negociaciones con Pumares, éste sorprendió con una propuesta que pretendía complementar la reforma estatutaria con otra de carácter fiscal, que incluía, entre otras medidas, la práctica supresión del impuesto de sucesiones, a lo que IU respondió con su frontal oposición por una cuestión de principios políticos.

Ante este escollo, Podemos respondió días después con una contrapropuesta fiscal para tratar de superar el bloqueo y lograr «el objetivo» de salvar una reforma que pudiera ser convalidada en el Congreso de los Diputados antes de que acabara la legislatura, un movimiento que no sirvió para mover posiciones.

Es más, el PSOE ha dejado claro que no pueden aceptar una propuesta que podría suponer una merma de ingresos de 35 millones de euros y han lamentado que la formación morada lanzara «una propuesta de desbloqueo por la derecha» en materia fiscal, que de hecho, ha sido bienvenida por el PP.

Ante la falta de consenso, Barbón ha defendido el criterio de su Gobierno y el de su partido de no respaldar una reforma estatutaria que excluya la oficialidad, una cuestión que asumió como propuesta electoral, y de condicionar cualquier tipo de acuerdo vinculado a ella al consenso de las tres fuerzas de izquierda, ante una «inhibición» del PP que el jefe del Ejecutivo asturiano atribuye al temor que le suscita el avance de Vox.

Consciente de la «frustración» que el «fracaso colectivo» ha podido generar en parte de la ciudadanía, según dijo esta semana, Barbón ha subrayado que el pueblo asturiano «no se rinde» y que la ciudadanía tendrá una oportunidad en las elecciones autonómicas de 2023 de dotar al Parlamento de la mayoría de 27 diputados que exige la reforma estatutaria.