El Parlamento de Gasteiz ha rechazado este jueves por amplia mayoría la maniobra orquestada por asociaciones de la Guardia Civil y la Policía española para inscribirse como víctimas de la violencia del Estado, aprovechando algunas carencias de la textualidad de la ‘Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999’. Hasta 510 de las 1.220 peticiones las firmaron miembros de las FSE, tratando de mezclarse entre torturados, muertos en controles, asesinados por «incontrolados»…

NAIZ informó el pasado 26 de diciembre de este intento de fraude perfectamente planificado, explicando que eran unas 300 solicitudes. Después, los datos oficiales elevaron esa cifra y se conoció que la Comisión de Valoración prevista en la ley había rechazado de forma unánime aceptar esas falsas solicitudes.

EH Bildu llevó la cuestión al Parlamento de Gasteiz para que mostrara su rechazo a semejante maniobra y, finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos, que suman 69 escaños (aunque en la votación faltaban 3), frente a los apenas 7 de la derecha española que han votado en contra.

En dicho acuerdo, el Parlamento «reafirma el compromiso con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que asiste a todas las víctimas y en concreto» a las reconocidas en esta ley. «En consecuencia» con ello «rechaza cualquier intento de desvirtuar el espíritu y la letra de dicha ley y muestra su reconocimiento y apoyo a todas las víctimas a las que legítimamente está destinada».

En el tercer párrafo, la Cámara «respalda la labor de la Comisión de Valoración e insta al Gobierno Vasco a continuar el trabajo de desarrollo e implantación de la ley, estableciendo los recursos materiales y humanos necesarios para dar así respuesta a los derechos que asisten a las víctimas». Varios de los intervinientes han incidido en esta necesidad de profundizar en los mecanismos actuales para amparar de forma efectiva a las víctimas de la violencia del Estado.

Recuerdo a torturados, muertos y heridos

En nombre del grupo proponente, Julen Arzuaga ha comenzado recordando a los torturados, muertos y heridos por cuerpos policiales y grupos parapoliciales. Y también ha traído a la memoria que cuando se aprobó la ley miembros de sindicatos policiales estuvieron en la Cámara, cuando los protagonistas debían haber sido sus víctimas, y se sentaron frente a ellas para decir que ellos no habían hecho nada, que el dolor de esta víctima no era cosa suya, sin ninguna autocrítica.

Arzuaga ha denunciado el intento de «sabotaje» que ahora han realizado estos elementos policiales, pero también ha reclamado que se profundice en la ley para facilitar el acceso de las víctimas, eliminando obstáculos que han detectado expertos como Jon Mirena Landa, y se le dé un impulso, puesto que de momento solo se han resuelto 35 casos de los más de setecientos legítimamente inscritos.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Iñigo Martínez Zeton ha denunciado con dureza este «intento de sabotaje desde dentro de uno de los únicos mecanismos que tenemos que resarcir a las víctimas». Ha añadido que hay que defender esta ley, mejorarla y dotarla de medios suficientes. Incluso ha visto necesario ir más allá del acuerdo alcanzado en la Cámara, recordando que la propia Comisión encargada de aplicar la ley, pidió ampliar el objeto de la misma.

Miren Gallastegi, del PSE, ha defendido que los antecedentes de esta ley arrancaron en tiempos en los que Patxi López era lehendakari y que finalmente hubiera un acuerdo para que la redacción de esta fuera admitida por el Tribunal Constitucional. Ha explicado que el hecho de que miembros de las FSE no tengan cabida en esta ley no significa que no tengan el amparo de la Ley de Víctimas del Terrorismo, y también ha traído a colación el Memorial de Gasteiz.

El jeltzale Iñigo Iturrate se ha felicitado del acuerdo alcanzado, ha criticado la maniobra de estos miembros de las FSE y se ha sumado a que para ellos ya hay otras leyes de reconocimiento. El portavoz del PNV ha sostenido la necesidad de defender a las víctimas de motivación política y ha puesto en solfa los argumentos del PP.

La derecha apoya la maniobra

Entre quienes se han pronunciado en contra del acuerdo, Carmelo Barrio, de PP+Cs, ha hablado de «campaña que busca la deshonra y el desprestigio de las FSE» que ha atribuido a EH Bildu, pero que luego se le ha quedado corta al ver que se repartía entre los escaños la enmienda transaccional alcanzada por la mayoría de los grupos. Barrio ha defendido que la textualidad de la ley 12/2016 también ampara a los elementos policiales que han solicitado ser considerados víctimas. Y también ha vuelto a respaldar la presencia de miembros de Jusapol en el Parlamento el día que se aprobó la norma, algo lógico teniendo en cuenta que acudieron a la Cámara invitados por el PP.

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha puesto adjetivos más duros al mismo discurso del PP, añadiendo varias menciones a GARA. Luego se ha quejado de que contra las propuestas de EH Bildu y su «repugnante discurso» no haya «cordón democrático».

Debate entre PSE y EH Bildu

Pese a tener firmado un texto común, la parlamentaria Miren Gallastegi, del PSE, ha criticado que la proposición original de EH Bildu no ponía el protagonismo en las víctimas sino en su «mantra ideológico», hablar de «violencia del Estado» y no de algunas autoridades de ese Estado, lo que ha comparado con decir que «ETA actuaba en nombre del Pueblo Vasco», lo que ella ha negado. Se le ha acabado el tiempo cuando dirigiéndose a Julen Arzuaga se felicitaba por el acuerdo alcanzado y le espetaba que debería ir acompañado de otros pronunciamientos.

Arzuaga, al volver a tomar la palabra, ha mostrado su extrañeza por que existiendo un acuerdo la parlamentaria Miren Gallastegi le haya reprochado que tenga un «mantra ideológico» y le ha preguntado cuál es el del PSE. Ha criticado que se hable de «abusos policiales», como si unas «pocas manzanas podridas generaran mas de 5.000 torturados, más de 200 muertes y miles de heridos, según fuentes oficiales. «Para ello es necesaria una estructura de impunidad». Le ha pedido al PSE que no rebaje el lenguaje, puesto que no son meros abusos «sino víctimas del Estado».

De nuevo en el atril, Miren Gallastegi ha asegurado que no se trata de «una cuestión dialéctica» ni de «intensidades». Ha asegurado la necesidad de un «suelo ético» que rechace toda justificación del terrorismo o de cualquier vulneración de derechos, sin llegar a ponerle los nombres de tortura, por ejemplo. La parlamentaria del PSE ha reprochado a EH Bildu si «pueden hablar sin sonrojo, sin bajar la cabeza, contra cualquier conculcación de derechos humanos. Nosotros sí podemos».