En el marco de la trasposición a las normas del Estado español de la Directiva 2016/1164 de la UE contra «las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior», el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó una pequeña reforma fiscal que fue aprobada por el Parlamento español el pasado año. Entre otras novedades, al margen de la directiva comunitaria, la “Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal” contempla nuevos requisitos para que las sociedades de inversión de capital variable (sicav) puedan seguir tributando por sus beneficios al 1%, en lugar del 25% al que teóricamente están sujetas las empresas en concepto de Impuesto sobre Sociedades.

En la práctica, según algunos expertos, este cambio supondrá la desaparición de muchas sicav. Pero eso no quiere decir que esas inversiones vayan a cotizar “lo normal” a partir de ahora. La mayoría no lo hará porque la nueva legislación estatal ofrece varios de esos puentes de plata a los que tan acostumbradas están las grandes fortunas cuando amagan con poner pies en polvorosa cada vez que se anuncia una reforma fiscal teóricamente gravosa para sus intereses.

Claro está que el objetivo del Gobierno de Sánchez no es facilitar que los ingresos que obtiene ahora la Hacienda estatal emprendan la huida, pero ha vuelto a poner más cerca la zanahoria que el palo. Y, rápidamente, en Hego Euskal Herria hay quien ha visto la oportunidad para “homologar” la presión fiscal a la del Estado.

Para eludir el salto del 1% al 25%, que es el índice general nominal (es decir, teórico) del Impuesto sobre Sociedades que se aplica a las sociedades anónimas (SA) en el Estado español, los propietarios de las actuales sicav tienen dos opciones: cumplir las nuevas condiciones que se les exigen (nadie las está prohibiendo) o liquidarlas, coger el dinero y salir corriendo hacia un nuevo paraíso.

Los analistas españoles coinciden en que, como mucho, solo una de cada cinco sicav optará por mantener esa identidad, mientras que el resto probablemente buscará una residencia fiscal más cómoda, como puede ser, sin salir de la UE, Luxemburgo.

Un ricachón y sus mariachis

¿Por qué las sicav, que son sociedades creadas dentro del marco legal, son objeto de una reforma que tiene como fin luchar contra el fraude fiscal? La respuesta más sencilla es que la legislación anterior dejó la puerta abierta para que las grandes fortunas se colaran por una puerta tan ancha que cada una de ellas entró en el paraíso del 1% con un nutrido grupo de mariachis, que es lo que daba el cante, aunque hasta ahora las autoridades fiscales hicieran oídos sordos.

Aquí entra en juego el argot financiero. Los “mariachis” vienen a ser los “accionistas de paja” que conforman la mayoría de socios de la sicav pero que apenas han aportado capital y, por tanto, no pintan nada a la hora de tomar decisiones. Para montar una de estas sociedades es necesario, además de un capital mínimo de 2,4 millones de euros, que al menos haya cien accionistas. Y hasta ahora bastaba con que un millonario se rodeara de un centenar de pequeños inversores para ver reducido el Impuesto de Sociedades hasta el 1%.

La nueva legislación ha establecido que la participación de cada accionista debe tener un valor de al menos 2.500 euros (12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos) y que el número mínimo de accionistas (100) deberá superarse durante el número de días que represente al menos las tres cuartas partes del período impositivo.

Con esa simple modificación todo se ha ido al traste para muchos de los grandes patrimonios que disfrutaban de esas sicav. Al menos eso afirman algunos expertos, que estiman que entre el 70% y el 80% no cumplen esos requisitos. A cierre de 2021, en el Estado había 2.307 sicav, que gestionaban –a través de las grandes entidades financieras– más de 29.000 millones de euros. En total, tenían 362.000 accionistas. Si dividiéramos el capital total entre 5.000 grandes fortunas, cada una de ellas tendría depositados 5,8 millones de euros; mientras que si hiciéramos un reparto equitativo entre el total de accionistas, cada uno de ellos tendría invertidos 80.000 euros, lo cual, como se ha indicado, está muy lejos de la realidad.

En 2021, las sicav aumentaron su patrimonio en un 6%, hasta 29.247 millones de euros, lo que supone 1.648 millones más respecto al cierre de 2020, según datos de Inverco, la patronal del sector. El rendimiento de las carteras fue de 2.022 millones de euros, por lo que, si les aplicamos el 1%, la Agencia Tributaria estatal habría recibido 20,2 millones en concepto de Impuesto de Sociedades del conjunto de esas compañías.

La transición y un posible retorno

La modificación de la norma sobre las sicav va acompañada de un «régimen transitorio» para las que acuerden su disolución y liquidación durante este año, lo que, según el Gobierno español, «tiene por finalidad permitir que sus socios y socias puedan trasladar su inversión a otras instituciones de inversión colectiva que cumplan los requisitos para mantener el tipo de gravamen del 1 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades».

Si lo encuentran, tendrán de plazo hasta junio de 2023 para realizar la nueva inversión sin tener que afrontar ninguna carga impositiva adicional. Eso sí, como condición ineludible se exige que esa inversión se haga en un fondo con sede en el Estado español.

Esta transición es la que podría ser traspuesta a través de normas forales en los cuatro territorios del sur de Euskal Herria si sus respectivas haciendas quieren “recuperar” las inversiones que se pudieran haber trasladado hacia el sur del Ebro después de que aquí se quitase de en medio a las sicav.

Esto sucedió en la CAV en 2009 y en Nafarroa en 2015, en ambos casos a raíz de acuerdos políticos a varias bandas.

Con la perspectiva actual, resulta cuando menos curioso que el PNV asumiera eliminar el privilegio fiscal de las sicav y que lo hiciera incluso contra los malos augurios lanzados por buena parte de las altas finanzas, como quienes anunciaban una importante fuga de capitales e, incluso, el desmantelamiento de Bilbao Plaza Financiera.

Lo cierto es que, a través del Órgano de Coordinación Tributaria, las diputaciones forales y el Gobierno de Lakua decidieron imponer a estas sociedades el tipo general del 28% o, en el caso de que fueran consideradas pymes, del 24%. Aquella reforma se enmarcó en el acuerdo presupuestario que el PNV suscribió en Gipuzkoa con PSE y Hamaikabat (escisión de EA) para dar estabilidad al Gobierno foral.

El presidente del EBB del PNV subrayó que el cambio de la normativa de las sicav «no busca el populismo barato» y que «afecta a unos pocos con mucho dinero», aunque también señaló que la medida podía ser revisable «en un futuro». El líder jeltzale no era otro que Iñigo Urkullu.

Por aquel entonces se esperaba que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) hiciera lo propio, pero su anunciada reforma fiscal estatal quedó aparcada.

Quién sí tomó el relevo a la CAV fue el Gobierno de Uxue Barkos seis años después gracias a un acuerdo en el que intervinieron Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. También se pasó del 1% a los dos tipos de 24% y 28%. Al defender la medida en el Parlamento navarro, el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, fue tajante al asumir que esa reforma fiscal era «un puente de plata para unas sociedades que no aportan absolutamente nada porque no tributan por otros impuestos». Es más, explicó que en el ejercicio de 2014, le habían costado a la Hacienda Foral 94.000 euros en concepto de devoluciones.

En Nafarroa solo había ocho sicav, con un capital conjunto de 90 millones de euros, y al año siguiente, en 2016, ya no quedaba ninguna porque la mayoría se había ido a Madrid y alguna se había disuelto.

En 2009, eran 90 las sicav que tenían su sede en la CAV, casi todas en Bilbo. En la capital vizcaina estaban registradas 212 sociedades de este tipo, pero más de la mitad tenían su sede fiscal fuera de la CAV aunque fueran administradas por gestoras vascas. En agosto del año siguiente ya se habían ido 65 de esas sociedades, que, según informaba el diario “Expansión”, sumaban un capital de 420 millones de euros. Otras fuentes señalaron que el volumen de beneficio anual rondaba los 4 millones de euros, de los que las haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa habrían recogido los correspondientes 40.000 euros del Impuesto sobre Sociedades.

Tan grandes que ni siquiera les hace falta cambiar

Por lo visto en este principio de año, no todas las sicav van a desaparecer, porque al menos un puñado de las más significativas seguirán funcionando cumpliendo la nueva normativa y tributando al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Dicho de otra manera: ni se disuelven ni se fugan a Luxemburgo porque seguirán teniendo su particular paraíso fiscal en el Estado español.

Por ejemplo, a Gesprisa, del fundador de Pronovias, la sicav con mayor patrimonio (990 millones), le ha bastado con ampliar el número de socios, aunque algunos tienen más del 20% del capital, según informó recientemente “Cinco Días”, que colocaba en el mismo equipo a las sociedades de las familias March, Del Pino (accionista de Ferrovial) o Botín (Banco Santander).

Entre los vascos, Iñaki Ecenarro, fundador de Trovit, ha optado por mantener la sicav Specter pero tributando al 25%, al igual que, a través de Nemo, el grupo familiar Delclaux Lezama-Leguizamón. En cambio, Víctor Ruiz y Rosario Lafita, principales accionistas de Azkoyen, han decidido disolver la sociedad Lodones Inversiones. T.F.