La tribuna de opinión que firma este miércoles Malik Salemkour en el digital francés ‘Médiapart’ arranca con una alusión a un contexto ya superado en el que «durante décadas los movimientos clandestinos defendieron sus reivindicaciones regionalistas o nacionalistas tanto en Corsica como en Euslal Herria llevaron a cabo acciones violentas y atentados inaceptables» para dejar sentado que esa situación cambió con el final de la lucha armada «en 2014 en Corsica y en 2017 en Euskal Herria».

Para el presidente de la sección francesa de la Liga de Derechos Humanos (LDH) ese «abandono voluntario» de la lucha armada permitió poner en marcha «una vía democrática con procesos de paz y resolución política que gozan de un amplio respaldo».

Sin embargo, lamenta, «en ambos casos los llamamientos públicos de asociaciones y electos de distintas formas de pensar a continuar con el diálogo se ven hoy bloqueados por un gobierno francés que rechaza, sin ninguna razón legítima, cualquier avance concreto».

El presidente de la institución creada en 1898 recuerda que «la suerte de los presos corsos y vascos es una cuestión altamente simbólica y el rechazo obstinado de la parte del poder puede ser perjudicial para la paz y el conjunto de las dinámicas positivas puestas en marcha» en el contexto del final de la fase armada de los conflictos en ambos territorios.

Informe desfavorable para Ferrandi y Alessandri

Malik Salemkour hace referencia a la decisión conocida recientemente en relación a dos presos corsos, Alain Ferrandi y Pierre Alessandri, que fueron condenados en 2003 a la cadena perpetua por la muerte del prefecto Claude Erignac (1998).

Ambos permanecen en prisión desde su detención en 1999 y hace solo unos días la comisión de la cárcel de Poissy, en la que permanecen, y a la que corresponde analizar en primera instancia las solicitudes de los presos ha emitido un informe contrario a la petición de que se les retire el estatus de máxima seguridad o DPS con vistas a que pueda materializarse su traslado a la cárcel de Borgo, sita en la isla, lo que les permitiría, ya cumplidos 20 años de condena, estar más cerca de sus familias.

Se trata de una marcha atrás ya que ante demandas precedentes la petición era avalada en esa primera instancia aunque a la postre el Ministerio de Justicia francés terminara frustrando la misma.

Cabe recordar que el atentado que costó la vida al prefecto Érignac está también en el centro del caso de Yvan Colonna», condenado también a cadena perpetua aunque haya negado siempre su implicación en los hechos.

A remarcar el acto simbolismo de ese atentado contribuye el hecho de que el actual presidente de la Colectividad de Corsica, Gilles Simeoni, ejerciera de abogado de Colonna o que Emmanuel Macron abriera su primera visita a la isla tras su elección, en 2018, como presidente asistiendo a un acto de homenaje al representante del Estado muerto veinte años antes en el atentado cometido por el Frente de Liberación Nacional de Corsica (FLNC).

La decisión adoptada en Poissy respecto a Alain Ferrandi y Pierre Alessandri, aun teniendo solo carácter consultativo, ha sido acogida con preocupación en la isla mediterránea.

De ahí que el responsable de la LDH considere que «el Gobierno debe de poner fin a esta injusticia y hacer los gestos cara a la normalización que espera la sociedad corsa y los parlamentarios de diferentes partidos -dos de ellos de la mayoría presidencial- que intercedieron por última vez en diciembre de 2021» en favor de que estos prisioneros sean repatriados a Corsica.

El presidente de la LDH se refiere después a la situación de dos presos vascos, Ion Kepa Parot y Jakes Esnal, ambos de más de 70 años de edad, y en prisión -al igual que Unai Parot, encarcelado en el Estado español- desde hace más de 30 años «tras haber sido condenados por la Justicia francesa a cadena perpetua por crímenes graves cometidos en España».

Salemkour recuerda que, de haber sido encarcelados en el Estado español Ion Kepa Parot y Jakes Esnal deberían haber salido de prisión a cumplir el periodo máximo de 30 años de encierro.

«Aunque los jueces de aplicación de pena (TAP) se han manifestado en favor de otorgar la libertad condicional a estos presos el Gobierno francés y la Fiscalía anti terrorista se obcecan en impedir cualquier expectativa a riesgo de que estos presos mueran en prisión», denuncia el presidente de la LDH, que tiene estatus de organismo consultivo ante el ejecutivo galo.

Respuesta a «la impaciencia de los artesanos de la paz»

Salemkour se refiere al consenso amplio y a la movilización perseverante de la sociedad vasca aludiendo en concreto al acto de desobediencia civil llevado a cabo el pasado viernes, 18 de febrero, por unas 200 personas representativas de la socidad civil de Ipar Euskal Herria en la Subprefectura de Baiona. Un acto que es el primero de una campaña para la que Bake Bidea y Artesanos de la Paz buscan apoyo financiero vía crowfunding.

«El presidente de la República debe escuchar la preocupación e impaciencia que expresan los artesanos de la paz movilizados en favor de la puesta en marcha, junto al Estado francés, de un auténtico proceso democrático y político», estima en su escrito el presidente de la LDH, para quien, el contexto electoral que se vive en el Estado francés no debería ser un pretexto sino más bien un acicate a la hora de encauzar la situación.

«Los consensos de las fuerzas políticas locales más allá de los posicionamientos partidarios y los amplios acuerdos de las sociedades civiles desbordan el contexto electoral y permiten avanzar sin esperar más» considera el presidente de la LDH, para quien «abordar desde ya la situación de las personas en prisión, y dar una respuesta a cada una de ellas, sin que ello implique impunidad pero teniendo en cuenta el cambio de situación» tanto en Corsica como en Euskal Herria «son las condiciones necesarias para la reconciliación y la construcción de unas sociedades que vivan una situación de paz duradera».