La decisión del Tribunal de Aplicación de Penas de París de conceder la semilibertad a Alain Ferrandi (61 años) había sido anunciada ayer por Françoise Davideau, abogada del preso corso, acusado de integrar el comando al que se atribuye la muerte en atentado del prefecto Eric Erignac (1998).

El TAPT había aceptado la demanda del prisionero, encarcelado desde 1999, y que consistía en que pudiera acudir a la cárcel de Borgo (Corsica) solo a dormir, durante un periodo probatorio de cara a acceder a la libertad condicional a partir de 2024.

Sin embargo, como ya hiciera con dos peticiones precedentes, la Fiscalía anti terrorista ha recurrido de inmediato la decisión, que no podrá hacerse efectiva, como se preveía en la decisión del TAPT, a primeros de marzo.

«Presentamos un recurso suspensivo» ha anunciado la Fiscalía, señala AFP. El ministerio público disponía de 48 horas para presentar recurso, como ha hecho, a la decisión del TAPT.

Ya en 2019 y en 2021, dos peticiones presentadas por la defensa de Ferrandi habían sido rechazadas por la Justicia francesa.

Condenado a cadena perpetua en 2003, Ferrandi permanece en la cárcel gala de Poissy junto a Pierre Alexandri, que purga la misma pena.

Como Pierre Alessandri, Alain Ferrandi podía solicitar la libertad condicional desde hace cuatro años.

Al igual que ocurre en Ipar Euskal Herria con los presos Jakes Esnal y Ion Kepa Parot, que con más de 70 años de edad, llevan más de 30 en prisión, la mayoría política insular ha demandado, vía la Colectividad Corsa, el retorno de los presos.

En diciembre pasado una quincena de electos de distintas formaciones publicaron un articulo de opinión en “Le Monde” para sustentar esa demanda.

La preocupación de la LDH

Hace solo unos días la comisión de la cárcel parisina, emitía precisamente un informe contrario a la petición de que se les retire el estatus de peligrosidad o DPS con vistas a que pueda materializarse su traslado a la cárcel de Borgo, en Corsica, lo que les permitiría, de entrada, estar cerca de sus familias, y en su caso acceder a medidas de semilibertad.

La decisión se interpretaba como una marcha atrás, ya que ante demandas precedentes la petición era avalada, al menos, en primera instancia aunque a la postre el Ministerio de Justicia terminara frustrándola. 

El presidente de la Liga francesa de Derechos Humanos (LDH), Malik Salemkour, advertía, por medio de una tribuna publicada el 23 de febrero en el digital francés Médiapart, sobre las consecuencias con vistas a asentar la paz y construir la convivencia que se derivan de la política que aplica el Gobierno francés al que achaca «bloquear, sin razón alguna, cualquier avance» en relación a los presos corsos y vascos con largos años de cárcel a sus espaldas.