La Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de violencia estatal en la CAV, cuestionada por sus insuficiencias y saboteada por las FSE, acaba de tener su resultado más importante hasta la fecha. Mikel Zabalza, fallecido a finales de 1985 cuando estaba en manos de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo, ha sido reconocido como víctima en una resolución firmada el 18 de febrero y basada en un detalladísimo informe de la comisión de valoración, al que ha tenido acceso NAIZ.

La resolución ya ha sido trasladada a los ocho hermanos y hermanas de Zabalza (sus padres fallecieron) y dará pie a un acto este domingo en Orbaitzeta, en que la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, plasmará este reconocimiento.

El trabajo de la comisión ante un caso que califica de «complejo» ha sido muy exhaustivo. No solo ha analizado las diligencias judiciales, sino también documentación periodística, libros diversos, croquis del túnel en que según la versión oficial huyó, imágenes, el documental ‘Non dago Mikel’... El grupo de valoración se ha entrevistado además con hermanas de Zabalza, el abogado Iñigo Iruin, un pescador que estaba en Endarlatsa aquel día... Se ha analizado ‘in situ’ ese túnel. Y se ha realizado una pericial médica y sicológica. Todo ello se resume en 57 folios que no tienen desperdicio.

Tras este compendio, la propuesta de la comisión, aprobada por el viceconsejero de Derechos Humanos José Antonio Rodríguez Ranz, establece que «la hipótesis de la huida repentina de Mikel Zabalza se convierte en muy improbable, por no decir simplemente increíble». Y frente a ello, «existen fuertes presunciones de que fue detenido y sometido a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que le pudieron llevar a la muerte».

«Desde que es detenido y llevado a dependencias policiales (sin contar con asistencia letrada ni con asistencia médica ni con libro de registros en que constaran entradas o salidas de detenidos, vehículos...) hasta que finalmente aparece muerto, estuvo de hecho en situación de desaparición por espacio de 19-20 días», prosigue la comisión. Y recuerda acto seguido que «cuando se comienza a reclamar su paradero se produce un retraso manifiesto en el traslado de la información» y «una ausencia palmaria de colaboración policial, cuando no obstrucción manifiesta».

Tres opciones, dos hipótesis

Descartada esa versión oficial –que realmente nadie está sosteniendo ya 36 años más tarde–, el equipo pericial de la comisión expone tres hipótesis sobre su muerte: «1) Sumersión vital en el río Bidasoa que data en torno a 20 días. 2) Sumersión en un líquido distinto. 3) Otro método de asfixia violenta que no deja alteraciones macroscópicas». La primera, no obstante, se define a continuación como «altamente improbable (incluso prácticamente descartable), dada la ausencia de lesiones cutáneas en zonas expuestas, erosiones o incrustaciones en puntas de dedos...), dada la negatividad en cuanto a la presencia de diatomeas en las muestras biológicas estudiadas, así como la elevada cantidad de trietanolamina hallada en estómago, en comparación con los niveles existentes en el río, que no responde a criterios científicos».

Así las cosas, las hipótesis reales son la segunda y la tercera; dicho en lenguaje común, que a Zabalza lo mataron bien con la «bañera» o bien mediante «la bolsa». Ambos métodos, recuerda la comisión, «han sido ampliamente citados en informes de organismos de monitoreo de los derechos humanos, y serían las hipótesis más ajustadas y compatibles con la documentación obrante. Aceptadas las mismas, concluiríamos que se trata de una muerte de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida».

En coherencia con todo ello, la comisión de valoración propone por unanimidad «el reconocimiento de Mikel Zabalza Garate como víctima de vulneración de sus derechos humanos, producida en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la CAV en el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999». Una declaración suscrita ya por Rodríguez Ranz en nombre del Gobierno de Lakua y que lleva pareja una reparación económica para la familia.

El dolor de las familias

La comisión añade una apelación a Gobierno de Lakua y Parlamento de Gasteiz para que a partir de ahora se incluya a Zabalza «en todas aquellas actividades individuales o colectivas de reconocimiento de su condición de víctima, y de la injusticia del sufrimiento padecido». Y les recomienda igualmente «dirigirse a las instituciones del Estado para que actúen en idéntico sentido».

Se hace un apunte final al episodio en que la madre de Zabalza fue a Intxaurrondo a preguntar por su hijo y le remitieron a «objetos perdidos». La comisión constata que «constituye un trato inhumano y degradante con entidad propia y de especial bajeza moral, que debe quedar aquí especialmente realzado y reprobado a los efectos correspondientes en esta ley». Y se añade el sufrimiento que añadió a la familia el desconocimiento de cómo murió Mikel. Dos de sus hermanas contaron a la comisión que «a mi padre y mi madre los mató aquello. Mi madre pasó una depresión terrible. El aita decía que quería morirse para ir con Mikel».

El reconocimiento de Mikel Zabalza supone el mayor fruto de esta ley hasta la fecha por el enorme eco público de este caso, tanto en 1985 con fuertes protestas populares como en la actualidad debido al documental ‘Non dago Mikel’ y la difusión pública del audio de Intxaurrondo en el que se alude a su muerte. Hasta ahora este proceso solo ha reconocido a 35 víctimas, de casos que cabe entender menos «complejos», sobre un total de 1.220 solicitudes. Por otro lado, Zabalza ya había sido objeto de actos de reconocimiento institucionales tanto por parte del Gobierno navarro con Uxue Barkos como lehendakari (aunque el proceso oficial de reconocimiento a través de una ley similar aún no esté en marcha en Nafarroa) como del Ayuntamiento de Donostia.

(Uxue Barkos, entonces lehendakari navarra, en un homenaje a Zabalza. Foto: Iñigo Uriz | Foku)

Los tribunales, doblemente en entredicho

El informe sobre el caso Zabalza se ve abocado a recordar que la investigación no está «abierta» judicialmente en este momento, aunque los hechos tampoco hayan llegado a prescribir. Y es que, tras el «cepillado» del Tribunal Constitucional, tanto esta norma como de la de Nafarroa tienen vetada cualquier supuesta interferencia o colisión con sumarios en marcha. En caso de ser así, este trabajo se tendría que haber paralizado «hasta que la vía judicial se haya agotado».

Ello resulta especialmente sangrante si se tiene en cuenta que la comisión ha reunido en estos últimos años lo que los tribunales no han hecho desde desde 1985 hasta la fecha. El fallido periplo judicial se repasa en el informe al que ha accedido NAIZ. Se cita por ejemplo cómo el juez de Donostia Francisco Ríos citó a declarar al jefe de la Comandancia de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo, tras hallarse el cadáver de Zabalza en las aguas del Bidasoa, pero este se negó a responder o lo hizo con monosílabos, en una sesión que el magistrado calificó de «tensa». Ríos se marcharía luego a Cáceres.

En 1988, el nuevo juez, Antonio Giménez Pericás, dictaminó que «la única versión lógica» era la de la Guardia Civil y el caso quedó archivado en Gipuzkoa.

Se reabriría ahí en 1995, que fue cuando apareció una primera grabación de Intxaurrondo. La comisión recuerda que «el guardia civil Pedro Gómez Nieto negó que fuera su voz la que se escuchaba en el audio y tampoco los periodistas explicitaron su fuente ante el juez, por lo que este indicio no fue elevado a prueba». En 1997 una comisión judicial halló la bañera de Intxaurrondo en que habría sido sumergido Zabalza, y más tarde fueron apareciendo otros datos y testigos, además del segundo audio de Intxaurrondo que ha tenido gran relevancia pública al difundirse en 2021. Sin embargo, la causa volvió a cerrarse en 2010. Y así sigue hasta hoy.