Diputados de la CUP, ERC, EH Bildu y Junts han arropado este martes a la diputada de la CUP Eulalia Reguant ante la sede del Tribunal Supremo español, donde iba a ser juzgada por desobediencia al negarse a responder a la acusación popular de Vox en el juicio del procés en 2019. Asimismo, han denunciado que en este caso se da «una connivencia entre la Justicia y la extrema derecha».

El juicio ha quedado finalmente suspendido después de que el Supremo haya admitido un «error en la tramitación» de la causa contra Reguant.

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha señalado en declaraciones a los medios que la petición de cuatro meses de prisión «es un intento de inhabilitar a la disidencia» y una nueva consecuencia de «defender la libertad de los Países Catalanes». «Es consecuencia de ser disidente en un estado antidemocrático marcado de raíz por la extrema derecha, ya sea en forma de Vox ya sea en la forma que impregna las instituciones judiciales del Estado», ha explicado.

En este sentido, ha explicado que la diputada «no respondió a la extrema derecha», porque no quiere «normalizar una situación que es innormalizable en democracia». Además, ha explicado que el juicio debe ser nulo, porque la Fiscalía ha modificado su escrito este fin de semana «con nocturnidad y alevosía» y todo «fruto del acuerdo informal con el Supremo». «Era una nulidad flagrante que una diputada hubiera sido llevada a juicio a través de una fiscalía ordinaria, se le había vulnerado su derecho como cargo electo y esto responde a un intento de maniobra de poder llevar a cabo el juicio cuando el proceso ha sido irregular», ha indicado.

Por eso, quieren que se comience de nuevo la instrucción y plantean además que se da una doble sanción, porque ya ha sido multada por desobediencia. Además, ven una vulneración de su libertad ideológica, porque se impide «su derecho a objetar y a no responder a la extrema derecha, que utiliza la acusación popular como trampolín para sembrar el discurso del odio del machismo, del racismo y de la xenofobia».

Por todo ello, ha apuntado que el juicio es una intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo, y «una forma de ganar en tribunales lo que no pueden ganar en las urnas a través de referéndum de autodeterminación». Y temen que la inhabilitación para sufragio pasivo acabe en un retorcimiento del «derecho penal del enemigo» para acabar «aplicando legislaciones que se justificaron para excepcionalidades de terrorismo y se acaban aplicando a minorías, disidencias y al independentismo» y se le aplique la inhabilitación sobrevenida.

ERC: «Causa general»

Por su parte, la diputada de ERC Marta Vilalta ha señalado que «desgraciadamente» están una vez más en el Supremo por «un juicio absurdo» que demuestra que la «represión no cesa», y ha denunciado que «existe una causa general contra el independentismo».

Ha recordado que «la represión no sirve para parar un movimiento» como el independentista, por lo que se deben buscar soluciones políticas «por la vía de una amnistía y de poder hacer realidad el ejercicio del derecho a la autodeterminación». Al hilo, ha denunciado además «la connivencia de la extrema derecha con la justicia española», y ha subrayado que no podrán «inhabilitar las ideas» y que «la solución nunca vendrá por los tribunales».

La diputada de Junts en el Congreso de los Diputados español Pilar Calvo ha asegurado que «la amnistía es la única solución para miles de represaliados por la causa del 1 de octubre», entre los que ha incluido a Reguant. Así, ha llamado a «acabar con el gobierno de las togas» que está «traspasando una línea» y se está «cargando la democracia».

Todo ello, ha sostenido, en un lugar en que «se permite a Vox, un partido de extrema derecha, personarse en un juicio. El mismo Vox liderado por Santiago Abascal que hace no tanto tiempo citaba a Vladimir Putin», ha sostenido, insistiendo en que «la amnistía ha de ser la única vía de solución para el conflicto político».

Por su parte, el diputado del PDeCAT Genís Boadella se ha mostrado «convencido de que el juicio del procés quedará desmontado por la Justicia europea», por lo que «la derivada en que se ve inmersa Reguant va a quedar injustificada» a raíz de la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo español.

En cualquier caso, el dirigente independentista ha lamentado que se ponga en «riesgo la democracia» y ha dejado claro que encontrarán a su partido en la «defensa» de Catalunya para que pueda «decidir libremente su futuro sin ninguna amenaza». «Esta represión y persecución judicial a todo un proyecto que nace de la esperanza de Catalunya de tener un estado propio no puede verse amenazada por la actuación de la Justicia», ha zanjado.

Entre los asistentes a la concentración se encontraba también el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, quien ha señalado que en el caso de Reguant, se han vulnerado sus derechos fundamentales y ha advertido de que le puede ocurrir lo mismo a cualquiera que discrepe «con la extrema derecha. Como secretario general de la Mesa del Congreso, vi lo que ocurrió a Alberto Rodríguez, cómo la extrema derecha y la derecha usaron al Supremo para quitarle su escaño», ha explicado.