La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional española ha reconocido que los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados en la ‘Operación Judas’ tienen el derecho de reclamar en el juicio la comparecencia de los miembros de la Guardia Civil encargados de la investigación, después de considerar que «no existe ningún hecho delictivo concreto» en el caso.

La organización antirrepresiva Alerta Solidària, en representación de los CDR investigados, presentó un recurso en el que pedía que se interrogara a los agentes de información de la Guardia Civil, aunque el juez instructor, Manuel García-Castellón, de acuerdo con la Fiscalía, se lo denegó.

Ahora, la Audiencia Nacional ha considerado que «no existe ningún hecho delictivo concreto determinante que centre la investigación», por lo que autoriza la declaración de los agentes de la Guardia Civil.

En la interlocutoria, la Sala asume que «es razonable» que la defensa solicite la declaración de los agentes, ya que la formación de los atestados se realiza en función de sus actuaciones en torno a la investigación. «La defensa tiene derecho a disponer del derecho a la contradicción efectiva e igualdad de armas, y a las facilidades necesarias para el ejercicio de su derecho a la defensa», concluye.

En el marco de la «Operación Judas» la Guardia Civil detuvo a varios miembros del CDR acusados de «pertenencia a organización terrorista» y «tenencia de explosivos». Nueve de ellos pasaron tres meses encarcelados en la madrileña cárcel de Soto del Real.

La causa contra Xavier Duch, archivada

Por otro lado, el juez García-Castellón ha acordado el archivo de la causa por razones médicas a Xavier Duch, uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República que fue procesado por «terrorismo».

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala que el procesado «carece de las facultades mentales precisas para tomar conciencia, por ejemplo, del alcance jurídico de sus respuestas al interrogatorio de la acusación» o del «valor constitucional de los derechos a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia».

«Sería, por tanto, un acusado inerme frente al poder sancionador del Estado. De ahí el mandato histórico de proceder al archivo de la causa y adoptar las medidas de seguridad previstas para aquellos que ejecutan el hecho con una afectación de su imputabilidad», argumenta el magistrado.

En esta línea, García-Castellón constata que «la celebración de un juicio contra quien no entiende ni puede defenderse supone el quebranto de los derechos más elementales que conforman un juicio justo».

Las mismas fuentes explican, como hace constar el juez, que el sobreseimiento se debe a la situación de salud de Duch, que le impide ejercer la defensa con todas las garantías necesarias.