«He estado en prisiones de medio mundo, que no me cuenten cuentos». El abogado Gonzalo Boye resume con esta frase la situación a la que se enfrenta ante la imposibilidad de ejercer la defensa del periodista vasco Pablo González, encarcelado en Polonia.

En total situación de indefensión, Pablo González, habitual colaborador de NAIZ y otros medios, está encerrado en la prisión polaca de Rzeszów –es uno de los escasos datos que hay sobre su situación, así como que se han decretado tres meses de prisión provisional– y sin que haya podido recibir ayuda legal ni comunicarse con su familia.

Eso a pesar de que las acusaciones que han formulado públicamente las autoridades polacas contra él son gravísimas, nada menos que espionaje. Concretamente, se le acusa de «participar en actividades de inteligencia para un servicio exterior en contra de la República de Polonia».

«Ante el silencio del consulado español en Polonia, la falta de cualquier tipo de información y el que ni tan siquiera se nos conteste sobre algo esencial, poder visitar a nuestro defendido, hemos expuesto al consulado español en Polonia cuál será el próximo paso que daremos en la defensa del periodista Pablo González», explica el abogado. «En derecho no existen los limbos jurídicos y la situación y el trato que está recibiendo Pablo es inadmisible, por ello solicitaremos a la Cruz Roja internacional que, con independencia de que consideramos que se trata de acusaciones infundadas, le den  la protección que establecen las Convenciones de Ginebra en caso de conflicto armado (guerra) tal cual lo definió el señor Borrell».

«Nosotros negamos los hechos y consideramos que son infundados, pero el señor Borrell dijo que estamos en guerra –explica el abogado–. Y ante la pasividad de las autoridades polacas y de las autoridades españolas por garantizarle sus derechos como ciudadano en un proceso penal, no me queda otra que pensar que es un prisionero de guerra y por tanto lo tengo que acoger a las Convenciones de Ginebra. Así de simple», añade cuando se le pregunta sobre cuál será su siguiente paso.

«Que decidan ellos si estamos en guerra o no estamos en guerra. Si no lo estamos, este señor el miércoles tiene que recibir la visita de su abogado y si estamos en guerra, recibirá la visita de la Cruz Roja con el paquete de las Cruz Roja y se le tendrá que poner en un centro separado del resto de los presos», añade.

Preocupa el estado de salud del periodista vasco, así como los riesgos a los que se enfrenta: incomunicado y en medio de una guerra. «Imagínate la situación de este señor que le acusan de espiar para Rusia en un estado de casi guerra y le metes en una cárcel polaca. ¿En qué riesgo le estás poniendo?», lanza la pregunta el abogado. Y recuerda que uno de los asesores del Gobierno ucraniano «le han acusado de pasar información a los rusos y le han fusilado. Entonces, ¿estamos o no estamos en guerra?».

Faltaría, por tanto, que las autoridades españolas y el consulado, concretamente, activaran medidas reales y se movieran en el caso de este periodista, ante la grave situación de conculcación de sus derechos. «Conociendo Polonia muy bien, yo viví muchos años en Alemania en la época del Muro de Berlín, lo que no voy a hacer es colocarme en las puertas de una prisión polaca cerca de la frontera con Ucrania a tocar el timbre hasta que me atiendan, porque me puede llegar la edad de la jubilación en la puerta de prisión. Y porque, además, la protección consular consiste precisamente en eso», añade su abogado.
 
¿Pero, preguntamos, ni siquiera tiene abogado de oficio? «Me gustaría saber quién es –contesta–. Dudo de que alguien profesional le haya asistido y no se haya puesto en contacto conmigo o con su mujer. Tengo clientes presos en la prisión central de Yibuti y el abogado que le asistió el primer día fue el que me llamó y me dio todos los datos, lo normal. Me ha pasado lo mismo en Togo. Yo he ido a la prisión y no he tenido ningún problema, y las autoridades consulares han solucionado todo. He estado en prisiones de medio mundo, que no me cuenten cuentos».