![Una de las movilizaciones en apoyo a víctimas de Kote Cabezudo frente al Palacio de Justicia de Donostia. (Juan Carlos RUIZ/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/805/925/article_main_landscape/kote.jpg)
La Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa acoge desde mañana lunes el juicio por la pieza principal contra el fotógrafo Kote Cabezudo por 32 presuntos delitos de índole sexual, pornografía infantil, estafa y contra la integridad moral, cometidos contra dieciséis de sus modelos entre los años 1992 y 2013.
Está previsto que dure en torno a un mes, con veinte sesiones en las que comparecerán decenas de víctimas, testigos y peritos. Las primeras prestarán declaración a puerta cerrada y sin compartir físicamente un mismo espacio con el acusado, que tendrá que seguir sus testimonios por videoconferencia.
La Fiscalía pide 121 años y medio de cárcel. La acusación particular, que ejerce el letrado Mario Díez, reclama penas que suman 2.388 años, ya que entre los numerosos delitos que imputa a Cabezudo se incluyen también 152 de violación. Pide además indemnizaciones que ascienden a 1.715.000 euros, mientras que el Ministerio Público demanda un millón.
La defensa solicita la libre absolución, al negar los hechos que se le imputan. Hace tres meses, en diciembre, Cabezudo renunció a la abogada que venía defendiéndole durante los tres años anteriores y volvió a contratar a un bufete donostiarra que ya le había representado durante una fase anterior.
Algunas de las víctimas, agrupadas en la plataforma Indarka, denunciaron recientemente el «estremecedor silencio de prácticamente toda la sociedad donostiarra» y llamaban la atención a esa «sociedad silenciada», y más concretamente a «esas agrupaciones feministas que saldrán a la calle el 8 de marzo», para recordarles que «nosotras también existimos. Solo queremos que esto acabe para poder seguir con nuestras vidas», remarcaban.
El origen, en 2013
Las investigaciones tienen su origen en 2013, con la primera querella por parte de un grupo de víctimas. Por aquel entonces, Cabezudo venía siendo un fotógrafo de prestigio y consolidado en la capital guipuzcoana, y según las acusaciones se aprovechó de esta posición para sumar decenas de delitos sexuales contra chicas jóvenes que aspiraban a labrarse una carrera como modelos. Además subía a las redes y comerciaba con las fotos, y las habría amenazado para que siguieran posando para él.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Cabezudo siguió en libertad hasta mayo de 2018, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Donostia decretó su ingreso en prisión. El magistrado aceptó los argumentos de las acusaciones por presunta «reiteración delictiva» y «daños a los bienes jurídicos de las víctimas» después de que el investigado no hubiera retirado imágenes que seguirían circulando por internet.
Era la décima ocasión en la que se reclamaba su encarcelamiento. Hasta ese momento se encontraba en libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecencias los días 1 y 15 de cada mes y la retirada del pasaporte.
A lo largo del proceso se han desgajado numerosas causas de menor entidad derivadas del sumario principal. Algunas ya han sido juzgadas y cuentan con condenas en firme por asuntos como obstrucción a la justicia, aportar documentos falsos a los tribunales y desobediencia a la autoridad judicial.
La vista por la causa principal, que consta de cuarenta tomos y cerca de 15.000 folios, tiene lugar a escasas fechas de que el fotógrafo alcance los cuatro años de prisión.
Denuncia de Odón Elorza
Por otro lado, el jueves tuvo lugar en el Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia la vista por la denuncia presentada por Odón Elorza, exalcalde y actual diputado del PSOE, contra el abogado de las víctimas, al que acusa de vulnerar su derecho al honor por relacionarle con el fotógrafo. Queda a la espera de sentencia.
«Cabezudo presentaba en su web una foto del entonces alcalde de San Sebastián realizada por él, que reflejaba también en la web que el Ayuntamiento era su cliente y que Elorza mintió cuando dijo que no conocía este caso. Todas las manifestaciones están soportadas en hechos veraces», afirmó Díez, a quien Elorza reclama 300.000 euros de indemnización. El diputado niega tajantemente cualquier relación con Cabezudo más allá de conocerle por coincidir en actos públicos.
Este domingo el abogado ha convocado a los medios para dar cuenta «con luz y taquígrafos» de lo que aconteció en el interior del juzgado.
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