Según ha informado el canal público australiano ABC (Australian Broadcasting Corporation), tras un juicio de unas 5 semanas y reunirse durante casi siete horas, el jurado encontró al oficial de policía Zachary Rolfe no culpable de los cargos de asesinato, homicidio involuntario y participar en un acto violento que causó la muerte en noviembre de 2019 del joven aborigen Kumanjayi Walker.

Rolfe, quien portaba una cámara de seguridad durante el suceso, disparó tres veces contra Walker cuando este «atacó y clavó unas tijeras en el hombro» del oficial al ser descubierto en una casa de una remota población del Territorio Norte.

La Policía buscaba a la víctima por un incidente anterior.

Los abogados del policía alegaron que Rolfe actuó en defensa propia, mientras que la Fiscalía alegó que el segundo y tercer disparo se produjeron cuando supuestamente la víctima había sido inmovilizada.

A la salida de la Corte Suprema del Territorio Norte, en Darwin, el policía ha calificado como «decisión correcta» el veredicto, mientras que los familiares de la víctima han mostrado su descontento.

«¿Cuándo vamos a lograr justicia? No hay armas en nuestras remotas comunidades. No queremos pistolas. ¡Es suficiente!», ha declarado Ned Hargraves, uno de los líderes de la comunidad de Yuendumu, donde sucedió el incidente.

Rolfe es el primer policía del Territorio Norte, con casi un 30% de población indígena, en ser juzgado por la muerte de un aborigen durante un arresto desde la comisión gubernamental de 1991, en la que se analizaron el exceso de muertes de aborígenes bajo custodia policial.

«Nunca ha habido una sola condena penal por una muerte aborigen bajo custodia en Australia. Ni una», ha denuncado en Twitter la investigadora de la ONG Human Rights Watch, Sophie McNeill.

Discriminación sistemática

Los aborígenes australianos han sido víctimas de constante maltrato desde la colonización, además de desposeídos de sus tierras y discriminados sistemáticamente, y muchos de ellos viven en situación de pobreza y desigualdad.

La Constitución australiana, que data de 1901, no menciona ni reconoce a los aborígenes ni a los isleños del Estrecho de Torres como los primeros habitantes del país, un hecho que indigna a esta minoría que representa un 3,3% de los 25 millones de habitantes que tiene el país oceánico.

En los últimos años, un incipiente movimiento civil demanda cada vez con más fuerza y apoyo el reconocimiento oficial de los derechos naturales a la población aborigen, mientras el Gobierno da pequeños pasos tales como indemnizaciones, modificar el himno nacional para hacerlo más inclusivo o la devolución de terrenos ancestrales.