Quienes vienen defendiendo que, para bien o para mal, la salida a la cuestión de los presos, tanto vascos como corsos, tiene un fuerte componente de voluntad política, este viernes se han desayunado con una prueba irrefutable.

El Gobierno francés, tras una reunión telefónica, de alto voltaje político, entre el presidente de la Colectividad Territorial, Gilles Simeoni, y el primer ministro fancés, Jean Castex, al que acompañaba el titular de Interior, Gérald Darmanin, ha dado a conocer su respuesta a una de las tres demandas planteadas por el mandatario corso.

Así las, cosas, y después de retirar «al haber desaparecido el riesgo de fuga» a Yvan Colonna, en estado de coma tras la agresión que sufrió en la cárcel de Arles, en un gesto calificado de «inhumano» y de «provocación» por los representantes legales de la familia Colonna, este viernes se ha comunicado la decisión de sacar de ese «primer grado» a los otros dos corsos que siguen en prisión por la muerte, en 1998, del prefecto Claude Érignac.

Una medida de ley negada durante años

El DPS ha sido retirado así a Alain Ferrandi y Pierre Alessandri, condenados como Colonna a la cadena perpetua, y que han solicitado, como él, en reiteradas ocasiones que se les quitara esa clasificación de peligrosidad a fin de poder aspirar a la repatriación, con destino a la cárcel insular de Borgo.

Es más, organizaciones como la Liga de Derechos Humanos (LDH) se han pronunciado en repetidas ocasiones y hasta han respaldado manifestaciones para exigir que se aplique la ley ordinaria a esos presos.

El presidente de esa reputada organización, Malik Salemkour, alertaba recientemente sobre las graves consecuencias que podría derivarse de ese «bloqueo injustificado» impuesto por el Gobierno de Emmanuel Macron a la cuestión de los presos corsos y vascos con más años de prisión a sus espaldas. Caso de Colonna, Ferrandi y Alessandri que suman dos décadas entre rejas, pero también de Ion Kepa y Unai Parot y Jakes Esnal que han superado la barrera de los 30 años en prisión.

La decisión se produce en el contexto de las fuertes protestas que se suceden estos días en las calles de localidades como Aiacciu, Calvi o Bastia, y que han llevado a la propia familia Colonna a pedir a los jóvenes «que no asuman riesgos» y a la creación de un colectivo para «proteger a la juventud corsa de la represión».

Efectivamente, desde que se conociera que un preso condenado por «radicalización islamista» tras su paso por Afganistán «trató de estrangular y ahogar» a Colonna, mientras este practicaba deporte en prisión, según consta en el informe hecho público por la Fiscalía anti terrorista, las marchas y protestas a pie de calle no cesan.

10.000 personas marcharon el 6 de marzo en Corti, la capital histórica de Corsica. Y Y este domingo se anuncia una nueva macha unitaria en Bastia.

Entre ambas convocatorias se han producido ocupaciones de centros educativos o bloqueos de los puertos, y, prácticamente a diario, enfrentamientos y ataques incendiarios ante sedes gubernamentales como suprefecturas o el propio Palacio de Justicia de Aiacciu, cuya fachada amaneció ennegrecida tras una noche de disturbios.

Peticiones de Simeoni y respuesta parcial de Castex

En el comunicado hecho público anoche por Gilles Simeoni, el presidente corso informaba que durante la interlocución que mantuvo con el Palacio de Matignon, dio cuenta a Jean Castex la gravedad de la situación que se vive en Corsica a raíz de la «tentativa de asesinato» de Yvan Colonna.

«(Ambos) Hemos convenido en que es urgente salir de una lógica de la tensión que core el riesgo de agravarse», escribía Simeoni al término de esa conversación.

El presidente corso detallaba además que durante esa llamada recordó a Castex los pasos unánimes dados desde 2015 por las autoridades de la isla para «construir el diálogo y la normalización», para insistir ante el jefe del ejecutivo en que «la paz solo puede construirse desde la justicia».

Al tiempo Simeoni recalcó ante Castex y Darmanin que «la democracia implica respetar la voluntad de los corsos expresaba de forma mayoritaria en las urnas», haciendo referencia expresa a los pasos por la resolución dados por el movimiento nacionalistas pero en particular a las dos victorias sucesivas en las urnas que han puesto en sus manos la responsabilidad del ejecutivo territorial.

Situation en #Corse : les trois signes publics demandés au Premier ministre lors de notre entretien téléphonique de ce jour. pic.twitter.com/ANnsXfZ6qV

— Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) March 10, 2022

A partir de ahí el presidente corso explicitaba tres peticiones frente a las que, aseguraba, Castex se había comprometido a «dar una respuesta rápida de la posición gubernamental al respecto«.

La de que se retirara el estatus DPS a Alain Ferrandi y Pierre Alessandri, que se ha hecho realidad este 11 de marzo, aunque quede pendiente su traslado a Borgo, que también se hacía constar por Simeoni en la petición.

Las otras dos demandas son: que se haga toda la luz sobre las circunstancias de la «tentativa de asesinato» de Colonna, lo que implicaría que la mayoría macronista respaldara las iniciativas parlamentarias tendentes a crear una comisión de investigación independiente.

Y la solicitud de mayor trascendencia, esa por la que Gilles Simeoni reclama «abrir un nuevo ciclo político en las relaciones entre el Estado y Corsica» que, basado en el respeto del sufragio universal y la legitimidad democrática, permita la apertura de «un diálogo entre el Estado y la Colectividad de Corsica y de forma más general entre con el conjunto de organizaciones políticas y fuerzas vivas de la isla» para «definir e implementar una solución política global de la cuestión corsa».

Sobre la comisión de investigación Castex responde con una voluntad genérica de esclarecer «ese acto inaceptable», recordando que el Gobierno ha pedido ya una inspección general de justicia. Y respecto al diálogo global afirma que ha pedido a su ministro de Interior que formule una propuesta para, en un escenario de calma en la isla, se pueda retomar en los mese sa venir un debate sobre la evolución del estatus insular, con particular atención a materias económicas y sociales.